El ministro de Justicia, Iván Cancino, respaldó el nuevo protocolo anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella para responder a hechos de violencia que se presenten durante manifestaciones en universidades públicas del país.
Cancino sostuvo que la autonomía universitaria constituye un principio fundamental, pero aclaró que esta no puede interpretarse como una excepción frente a las obligaciones establecidas en la Constitución y la ley, especialmente cuando estén en riesgo la vida y la integridad de las personas o se produzcan daños a bienes públicos.
“En estos casos, la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección, seguridad y preservación del orden público”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.
El ministro explicó que la intervención de las autoridades deberá determinarse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación y dentro de las facultades que establece el ordenamiento jurídico.
La postura del Gobierno marca una diferencia entre las movilizaciones pacíficas y aquellas en las que se presenten hechos que representen un riesgo para la comunidad universitaria o para terceros.
En el caso de las manifestaciones pacíficas, Cancino aseguró que la prioridad de las autoridades será el diálogo, con el propósito de garantizar el derecho a la protesta y evitar que las movilizaciones deriven en confrontaciones.
El debate sobre los límites de la autonomía universitaria cobró fuerza tras el anuncio del presidente De La Espriella de establecer un protocolo frente a los actos violentos registrados en algunas instituciones de educación superior.
Desde el Gobierno se insiste en que el objetivo no es restringir la protesta estudiantil, sino establecer mecanismos que permitan diferenciar el ejercicio legítimo de este derecho de aquellas conductas que puedan comprometer la seguridad, la vida o el patrimonio público.
Con esta posición, el Ministerio de Justicia plantea que la autonomía universitaria debe coexistir con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad y protección de los ciudadanos.
