El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales que decidan abandonar las actividades ilícitas y entregar sus armas. La iniciativa será presentada al Congreso y busca establecer las condiciones bajo las cuales estos integrantes podrían acceder a beneficios jurídicos a cambio de información, desmovilización, reparación y entrega de bienes.
El proyecto parte de una diferencia fundamental frente a los procesos de paz: el Ejecutivo no contempla mesas de negociación ni reconocimiento de estatus político para las organizaciones criminales. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha insistido en que quienes quieran acogerse deberán aceptar las condiciones fijadas por el Estado.
Rebajas de pena, pero condicionadas
Uno de los aspectos que más atención ha generado es la posibilidad de reducir las condenas. Según los detalles entregados por Cancino, los integrantes de menor rango podrían acceder a rebajas de hasta el 50 % de la pena, mientras que para los cabecillas el beneficio no superaría el 30 %.
Sin embargo, esos porcentajes no operarían automáticamente. El Gobierno plantea que el acceso a los beneficios dependa del nivel de colaboración de cada persona y de requisitos relacionados con verdad, reparación, desmovilización y desmantelamiento de las estructuras criminales.
La propuesta también contempla que quienes conozcan información sobre sus superiores puedan obtener mejores condiciones si contribuyen a su ubicación y judicialización.
Entrega de bienes y rutas criminales
Otro de los pilares de la iniciativa sería la entrega de la totalidad de los bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
El Gobierno plantea que los recursos, propiedades y demás activos entregados sean destinados a reparar a las víctimas. También exige información sobre las rutas utilizadas para las economías ilegales, cultivos ilícitos, armas y otros elementos que permitan desarticular las estructuras.
La propuesta busca, por tanto, que el sometimiento no se limite a la entrega física de integrantes de una organización, sino que permita afectar sus fuentes de financiación y capacidad operativa.
Sin suspensión de extradiciones
Otro límite establecido por el Gobierno es que el sometimiento no suspendería los procesos de extradición.
Esto significa que acogerse a la futura ley no implicaría automáticamente detener una solicitud de extradición o impedir que una persona sea requerida por otro país. Tampoco se contempla, según los detalles conocidos hasta ahora, la creación de mecanismos para excarcelar a quienes ya se encuentren privados de la libertad.
El Ejecutivo también ha descartado la creación de cárceles especiales para quienes ingresen al mecanismo.
Las víctimas tendrían un papel central
El Gobierno sostiene que las víctimas tendrán participación en decisiones relacionadas con los beneficios y las eventuales libertades condicionales.
Cancino explicó que el proyecto busca endurecer las condiciones para acceder a una libertad anticipada, planteando que se cumpla una proporción mayor de la condena antes de obtenerla. Además, la reparación y el aporte efectivo a la verdad serían elementos determinantes.
La propuesta pretende que la información entregada por los sometidos permita establecer responsabilidades, ubicar personas desaparecidas o secuestradas, identificar bienes y conocer el funcionamiento de las organizaciones criminales.
El principal riesgo: cómo garantizar que el sometimiento desmantele las estructuras
Uno de los desafíos del proyecto será demostrar que los incentivos jurídicos producen una desmovilización efectiva y no simplemente una reducción de penas para algunos integrantes.
El éxito del mecanismo dependerá de la capacidad del Estado para verificar que quienes se acojan realmente abandonen las actividades criminales, entreguen información completa y no continúen coordinando delitos desde prisión o después de recuperar la libertad.
También será necesario establecer mecanismos eficaces para comprobar la entrega de todos los bienes y evitar que integrantes de las organizaciones oculten patrimonio, recursos o información relevante.
¿Qué ocurrirá con quienes no se sometan?
La iniciativa plantea una división clara entre quienes acepten las condiciones estatales y quienes decidan continuar en las organizaciones criminales.
El Gobierno ha señalado que, paralelamente a la ley de sometimiento, impulsará un estatuto antiterrorista con herramientas adicionales para perseguir a estas estructuras, afectar sus rentas y fortalecer los mecanismos de control penitenciario.
En ese escenario, el mecanismo de sometimiento funcionaría como una alternativa jurídica para quienes abandonen voluntariamente la criminalidad, mientras que quienes continúen delinquiendo seguirían enfrentando las herramientas ordinarias de persecución penal.
El debate que llegará al Congreso
El proyecto todavía debe superar la discusión parlamentaria y varios de sus detalles pueden modificarse durante el trámite legislativo.
Entre los asuntos que deberán definirse están el alcance exacto de los beneficios, los grupos que podrán acogerse, los requisitos de verificación, las condiciones para acceder a libertades condicionales y los mecanismos para garantizar la reparación de las víctimas.
También será objeto de debate la diferencia entre este modelo y las negociaciones de paz utilizadas durante anteriores gobiernos. La administración De La Espriella sostiene que su propuesta no busca negociar con las organizaciones criminales, sino establecer condiciones previamente fijadas por el Estado para que sus integrantes se sometan a la justicia.
El proyecto, por ahora, representa una de las principales apuestas de seguridad jurídica del nuevo Gobierno frente a las estructuras armadas y organizaciones criminales. Su alcance definitivo dependerá del texto que sea radicado y de las modificaciones que introduzca el Congreso durante su discusión.