El alto tribunal suspendió de forma cautelar dos artículos del decreto presidencial para atender la emergencia del fenómeno de El Niño. La senadora María Clara Posada (autora de la demanda) y el director de la entidad, Javier Pava, expusieron sus posturas.
El Consejo de Estado dictó la suspensión provisional de las disposiciones que autorizaban el traslado de $4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la congresista del Centro Democrático, María Clara Posada, demandante de la norma, la medida cautelar responde a graves falencias de legalidad y técnica presupuestal:
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Violación al principio de legalidad: Los artículos suspendidos habilitaban adiciones y traslados presupuestales indeterminados sin la aprobación del Congreso de la República, corporación por la que constitucionalmente deben tramitarse las modificaciones al Presupuesto General.
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Riesgo de contratación «a dedo»: De acuerdo con Posada, el decreto otorgaba un «cheque en blanco» que abría la puerta a la contratación directa bajo normas de derecho privado a pocos días del cambio de mandato.
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Falta de soporte técnico: El Ejecutivo no sustentó con exactitud el origen, la cuantía ni la insuficiencia de los fondos ya existentes en la entidad, señalando que la UNGRD cuenta con una bolsa disponible de más de $600.000 millones cuya ejecución no ha sido aclarada.
La defensa del Gobierno y de la UNGRD
Por su parte, el director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, expresó su preocupación ante la decisión judicial, argumentando que el traslado de los recursos buscaba dejar preparados los instrumentos de contingencia frente a las proyecciones del fenómeno de El Niño a final de año:
POSTURA DE LA DEMANDANTE (M. CLARA POSADA) POSTURA DE LA UNGRD (JAVIER PAVA)
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· Traslados presupuestales sin aval del Congreso. · Instrumentación de recursos para prevenir crisis
· Falta de sustento técnico e indisciplina fiscal. energética, alimentaria y de agua potable.
· Existencia de $600.000 millones sin ejecutar. · Proceso enfocado en la prevención del país, sin
cálculos de empalme o políticos.
Pava enfatizó que la intención del decreto no era ejecutar aceleradamente el presupuesto antes del 7 de agosto, sino dejar las estructuras financieras listas para que la administración entrante hiciera frente a las emergencias climáticas y energéticas proyectadas para el cierre de año.