El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva contra los costos, trámites y cobros que actualmente deben asumir millones de conductores en Colombia. El mandatario aseguró que propondrá al Congreso una reducción de hasta el 50 % en el valor de las multas de tránsito, bajo el argumento de que las sanciones deben ser proporcionales y no convertirse en una carga económica para las familias.
Dentro de las medidas anunciadas también está la eliminación del requisito conocido como “casa cárcel” para la habilitación de los Centros Integrales de Atención (CIA). De La Espriella cuestionó además las barreras que, según señaló, han permitido la concentración de los cursos necesarios para acceder a descuentos en las multas y planteó reducir en un 25 % el costo asociado a estos programas.
El jefe de Estado también propuso fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartir directamente los cursos, con el objetivo de ampliar la oferta y reducir los costos para los ciudadanos.
Otro de los puntos de su propuesta está relacionado con las licencias de conducción. El Gobierno buscará revisar y reducir el precio de este trámite, eliminar cobros que considere innecesarios y ampliar la vigencia de las licencias hasta ocho o diez años.
Las fotomultas también estarán en el centro de la revisión anunciada por el mandatario. De La Espriella aseguró que endurecerá los controles para la autorización de estos sistemas y establecerá parámetros más claros para la calibración de los equipos, con el propósito de evitar que los conductores reciban sanciones derivadas de mediciones defectuosas.
A esto se suma una revisión integral del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). La intención, explicó, será detectar posibles duplicidades y buscar la eliminación o reducción sustancial de las tarifas asociadas a estos sistemas.
El presidente también anunció que revisará los costos y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo establecido para determinados vehículos nuevos.
De La Espriella presentó estas iniciativas como parte de su política de reducción de cargas para los ciudadanos y aseguró que su administración actuará contra los monopolios, los sobrecostos y los trámites que considere innecesarios.
“No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano”, sostuvo el mandatario al presentar su propuesta.
Con estas medidas, el Gobierno pretende modificar varios de los costos que deben asumir los propietarios y conductores de vehículos en el país. La propuesta deberá avanzar ahora por las respectivas instancias del Congreso para determinar cuáles de los cambios anunciados pueden convertirse en ley.
“Menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo de los colombianos”, concluyó De La Espriella, al enmarcar el anuncio dentro de su proyecto denominado “Patria Milagro”.