La exfuncionaria del Gobierno nacional, Juliana Guerrero, respondió por primera vez a los señalamientos que la vinculan con una presunta red dedicada al cobro de dinero a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos estatales. A través de un comunicado oficial, negó de manera enfática haber participado en cualquier esquema de corrupción y anunció que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.
El pronunciamiento se produjo luego de que una investigación periodística revelara supuestas evidencias, entre ellas conversaciones de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones y testimonios de empresarios, que la relacionan, junto con su hermana Verónica Guerrero, con un presunto entramado para gestionar contratos públicos mediante el pago de comisiones.
Frente a estas acusaciones, Guerrero aseguró que nunca sostuvo reuniones con contratistas, intermediarios o empresarios para ofrecer influencias dentro del Estado ni para intervenir en procesos de contratación pública. Asimismo, rechazó haber recibido dinero, comisiones o cualquier tipo de beneficio económico derivado de esas supuestas gestiones.
En el comunicado, la exfuncionaria recordó que desde hace más de un año no mantiene ningún vínculo laboral o contractual con el Gobierno nacional y afirmó que, tras su salida del cargo, se ha mantenido completamente alejada de cualquier actividad relacionada con la administración pública.
Guerrero explicó que había optado por guardar silencio mientras avanzaban las investigaciones, por considerar que corresponde a la justicia y no a los escenarios mediáticos establecer responsabilidades. Sin embargo, señaló que la difusión de las denuncias hizo necesario fijar una posición pública, aclarando que su reserva nunca debía interpretarse como una aceptación de los hechos que se le atribuyen.
La investigación que originó la controversia sostiene que varios empresarios habrían entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de obtener contratos en distintas entidades estatales. Según las denuncias, los recursos habrían sido entregados para facilitar reuniones y supuestas gestiones ante funcionarios del Gobierno.
De acuerdo con la publicación, al menos tres empresarios habrían desembolsado más de 600 millones de pesos para financiar proyectos relacionados con acueductos, mejoramiento de vivienda y otras iniciativas públicas que finalmente no se materializaron. Los denunciantes aseguran que, tras el fracaso de los proyectos, solicitaron la devolución del dinero sin obtener respuesta.
Además de los testimonios, la investigación menciona conversaciones en las que presuntamente se hablaba de diferentes entidades estatales y de posibles estrategias para influir en procesos de contratación, elementos que ahora hacen parte del material que podría ser evaluado por las autoridades competentes.
En su declaración, Juliana Guerrero reiteró que está dispuesta a comparecer ante la Fiscalía y los demás organismos de investigación cuantas veces sea requerida, insistiendo en que colaborará plenamente para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.
La exfuncionaria también aprovechó el comunicado para agradecer al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la oportunidad que, según manifestó, le permitió servir al país desde la función pública y participar en proyectos orientados a impulsar transformaciones sociales.
El caso también generó una reacción del presidente Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta en la red social X. El mandatario defendió a Guerrero y sostuvo que tanto ella como su hermana deberían denunciar a los empresarios que, según su versión, intentaron corromperlas.
Petro agregó que, en caso de haber recibido recursos, estos deben ser devueltos y toda la información puesta a disposición de la justicia para facilitar las investigaciones. A su juicio, las denuncias evidencian que existieron intentos de corrupción dentro de su administración, aunque aseguró que su Gobierno estableció mecanismos que impidieron que esas prácticas se consolidaran.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando repercusiones políticas y jurídicas, debido a la gravedad de las denuncias y a las posibles implicaciones que podrían derivarse tanto para los particulares que aseguran haber entregado dinero como para las personas señaladas de integrar el supuesto esquema de intermediación en la contratación pública.