El escándalo por la expedición de títulos falsos que involucra a Juliana Guerrero podría tener un alcance mucho mayor al caso individual que terminó con su condena. Así lo advirtió la senadora Jennifer Pedraza Sandoval, quien pidió que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido en la Fundación Universitaria San José.
La congresista cuestionó la gravedad de los hechos y consideró que la confesión de Guerrero podría revelar posibles irregularidades adicionales dentro de la institución educativa.
Guerrero reconoció su responsabilidad en la expedición de documentos académicos falsos que le permitieron acreditar estudios para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro.
Por estos hechos, un juez avaló un preacuerdo y la condenó a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, tras admitir su responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Pedraza consideró que la pena resulta insuficiente frente a la gravedad de las conductas investigadas.
“La sanción parece ser muy leve en comparación con la gravedad del delito”, manifestó la senadora.
Pero el cuestionamiento de la congresista va mucho más allá de la situación jurídica de Guerrero. Pedraza planteó la posibilidad de que su caso sea apenas una muestra de un problema de mayores dimensiones relacionado con la expedición irregular de títulos académicos.
La senadora pidió que se determine si existen más personas que pudieron haber obtenido certificados o diplomas mediante procedimientos similares y si dentro de la Fundación Universitaria San José operó algún mecanismo que permitiera la expedición irregular de documentos.
Uno de los puntos que Pedraza calificó como especialmente preocupante es que, pese a las denuncias, Guerrero continuó hasta el último día del gobierno de Gustavo Petro como delegada del entonces presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
“Hasta el último día del gobierno del expresidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero se mantuvo como la delegada del presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”, señaló.
Pedraza habla de tres procesos contra el llamado “clan Guerrero”
La congresista también recordó que el caso de los títulos falsos no sería el único frente judicial que ha promovido contra personas relacionadas con lo que denomina el “clan Guerrero”.
Según Pedraza, actualmente existen otros dos procesos penales relacionados con presuntos hechos de usurpación de funciones y con una supuesta solicitud de coimas para tramitar o “patinar” contratos.
La senadora insistió en que las autoridades deben determinar si existe conexión entre estos episodios y si se trata de hechos aislados o de un patrón de comportamiento.
El caso de Juliana Guerrero vuelve así a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados para acreditar títulos profesionales y experiencia académica para acceder a cargos públicos.
La pregunta que queda planteada, según la advertencia de Pedraza, es si la investigación terminará únicamente con la condena de Guerrero o si permitirá establecer quiénes más participaron, cuántos títulos pudieron ser expedidos irregularmente y qué controles fallaron dentro de la institución educativa.
Por ahora, cualquier eventual responsabilidad adicional deberá ser establecida por las autoridades competentes a partir de pruebas y de las investigaciones correspondientes.