En el marco del proceso judicial relacionado con el escándalo de contratación conocido como el caso Caso Centros Poblados, un juez de la República se habría referido a la presunta responsabilidad solidaria de la exministra de las TIC Karen Abudinen, por su rol en el control y supervisión del contrato cuestionado.
De acuerdo con información conocida por el medio CAMBIO, la decisión judicial hace referencia al millonario contrato adjudicado en 2020 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, a una unión temporal vinculada al contratista Emilio Tapia.
El pronunciamiento judicial, según lo reportado, abre la discusión sobre el alcance de la responsabilidad de los altos funcionarios en la vigilancia de este tipo de contratos estatales, en especial cuando se presentan irregularidades en su ejecución.
La defensa de Abudinen ha rechazado cualquier interpretación que la vincule directamente con irregularidades dolosas y advierte que una lectura en ese sentido podría sentar, según su criterio, un precedente negativo para la administración pública en Colombia.
El proceso continúa en etapa judicial, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los escándalos de contratación más polémicos de los últimos años en el país.