La senadora Jennifer Pedraza presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, que modifica el protocolo de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones.
La congresista cuestionó la nueva normativa y calificó como “regresivo e inconstitucional” el uso de la fuerza pública contemplado en el protocolo. Con la acción judicial busca que el alto tribunal examine la legalidad de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo.
La demanda se conoció el miércoles 14 de octubre, coincidiendo con las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país por sindicatos, organizaciones sociales y sectores de oposición. Estas marchas se convirtieron en el primer escenario de aplicación de la nueva normativa.
La controversia llega al Consejo de Estado
El centro de la discusión está en los límites de la actuación policial y militar durante las protestas, así como en las garantías para el ejercicio de los derechos a la reunión pacífica y a la manifestación pública.
Pedraza sostiene que el decreto representa un retroceso en esas garantías. Sin embargo, será el Consejo de Estado el encargado de examinar los argumentos jurídicos presentados y determinar si las disposiciones cuestionadas se ajustan al ordenamiento legal y constitucional.
La presentación de la demanda no implica, por sí sola, que el decreto haya sido suspendido o anulado. Para establecer sus efectos jurídicos será necesario conocer las decisiones que adopte el tribunal.
Marchas bajo la nueva regulación
La coincidencia entre la entrada en aplicación del protocolo y las movilizaciones nacionales elevó la atención sobre la forma en que las autoridades manejarán las concentraciones ciudadanas.
El debate enfrenta dos asuntos centrales: las condiciones bajo las cuales la fuerza pública puede intervenir ante situaciones que comprometan la seguridad y la obligación estatal de proteger a quienes participan pacíficamente en las manifestaciones.
Por ahora, la controversia deberá resolverse en el ámbito judicial. El alcance de la demanda dependerá del contenido del decreto, los argumentos presentados por la senadora y el análisis que realice el Consejo de Estado.