La Fiscalía General de la Nación imputó por el delito de concusión al exjuez penal militar Javier Ardila Arias, señalado de haberle exigido $40 millones a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo dentro de un proceso judicial que estaba bajo su conocimiento.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Ardila Arias todavía ejercía funciones como juez penal militar.
Según los elementos recopilados por el ente investigador, el 7 de abril de ese año el entonces funcionario judicial se habría reunido con el capitán en una cantina de Florencia, Caquetá. Durante el encuentro, presuntamente le habría solicitado los $40 millones con el ofrecimiento de beneficiarlo dentro de la actuación penal que se adelantaba en su contra.
Tres días después, siempre de acuerdo con la Fiscalía, ambos se habrían encontrado nuevamente y el exjuez habría reiterado la exigencia económica.
El proceso judicial estaba relacionado con una operación militar realizada el 11 de marzo de 2025 en una zona rural de San José del Fragua, Caquetá, en el marco de acciones contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.
Durante sobrevuelos apoyados con drones, fueron detectados varios hombres que vestían prendas camufladas y portaban fusiles. Posteriormente, las autoridades establecieron que se trataba de integrantes del Ejército que, presuntamente, habían reportado coordenadas diferentes a aquellas correspondientes al lugar donde realmente se encontraban.
A raíz de estos hechos, un capitán y dos suboficiales quedaron vinculados a un proceso por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias estaban a cargo de Ardila Arias, quien, según la información divulgada por la Fiscalía, no impuso medida de aseguramiento contra los uniformados.
La investigación sostiene que la solicitud de dinero habría estado directamente relacionada con la intención de favorecer judicialmente al capitán dentro de ese expediente.
Ante la reiteración de la presunta exigencia, el uniformado decidió acudir ante la Fiscalía y poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido. A partir de esa denuncia se desarrollaron las actuaciones que terminaron con la imputación contra el exjuez.
La concusión es un delito que se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo o de sus funciones, exige o induce a alguien a entregar dinero u otra utilidad indebida.
La imputación constituye una actuación dentro del proceso penal y no equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria. La responsabilidad de Ardila Arias deberá ser determinada dentro de las etapas correspondientes de la investigación y el proceso judicial.