La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en recursos destinados a la recuperación de arrecifes coralinos en San Andrés.
El caso pone bajo revisión el manejo de recursos públicos asignados a proyectos ambientales en el archipiélago. La actuación busca establecer si hubo daños al patrimonio estatal, cuáles fueron sus causas y quiénes podrían tener responsabilidad fiscal.
El asunto también llegó al debate político nacional. El presidente Abelardo de la Espriella le habría reclamado por este tema a la gobernadora de San Andrés y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang.
La apertura del proceso no significa que exista una responsabilidad comprobada. La Contraloría deberá determinar, con base en las pruebas, si se produjo el detrimento señalado y si corresponde ordenar el resarcimiento de los recursos públicos.
El caso deja interrogantes sobre la ejecución de los proyectos de recuperación coralina: ¿qué resultados se obtuvieron con el dinero invertido?, ¿qué entidades y contratistas participaron?, ¿qué hallazgos llevaron al organismo de control a iniciar la actuación fiscal?
Las respuestas dependerán de los detalles del expediente y de las conclusiones a las que llegue la investigación. Por ahora, la cifra superior a los $3.000 millones y el destino ambiental de los recursos ponen el foco sobre la gestión y la vigilancia de la inversión pública en San Andrés.