El operativo se desarrolló en Puerto Caicedo y dejó fuera de servicio equipos avaluados en más de $200 millones. Según inteligencia militar, la explotación estaría vinculada a las finanzas de los Comandos de Frontera, estructura armada señalada de beneficiarse de economías ilícitas.
Una operación militar contra la minería ilegal en Putumayo golpeó una de las actividades que, según inteligencia del Ejército, estaría alimentando las finanzas de los Comandos de Frontera. En la vereda Maracaibo, municipio de Puerto Caicedo, las tropas inutilizaron maquinaria que presuntamente permitía extraer alrededor de 6.000 gramos de oro mensuales.
La intervención fue planeada por la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y ejecutada por soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 20, adscritos al Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT).
Durante el operativo fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera, cuatro dragas tipo buzo, cinco clasificadoras, siete motores industriales y 178 metros de manguera. La maquinaria quedó inhabilitada, según el reporte oficial, para impedir que continuara siendo utilizada en la explotación ilícita de oro.
El Ejército calculó en más de $200 millones el valor de los equipos afectados y aseguró que la intervención interrumpió una producción estimada de seis kilogramos de oro al mes.
Una economía ilegal que movería más de $2.100 millones mensuales
De acuerdo con las cifras entregadas por la institución militar, los 6.000 gramos de oro representarían cerca de $2.123 millones mensuales en el comercio ilícito. La cifra corresponde a una estimación oficial del valor de esa producción y no equivale necesariamente a ganancias netas de los responsables de la explotación.
La dimensión económica del operativo muestra por qué la minería ilegal constituye un objetivo para las autoridades: además de generar ingresos a partir de recursos naturales, puede convertirse en una fuente de financiación para organizaciones armadas que ejercen influencia en zonas rurales.
Según inteligencia militar, la actividad intervenida estaría bajo el control de presuntos integrantes de la comisión de finanzas del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Estructura 48, conocido como Comandos de Frontera.
En esa línea de investigación aparece un hombre conocido con los alias de Nicky o Nacho, señalado por el Ejército como presunto cabecilla financiero de esa organización en el área de Puerto Caicedo. La información oficial no reportó su captura durante este procedimiento.
El impacto ambiental detrás de la extracción de oro
La operación también apunta a contener los daños que puede ocasionar la explotación minera sin controles ambientales. El Ejército advirtió que las fuentes hídricas de la región estarían expuestas a vertimientos de sustancias químicas utilizadas en los procesos de extracción y beneficio del mineral.
Cuando estas actividades se desarrollan sin manejo adecuado de residuos, pueden contaminar ríos y quebradas, afectar los ecosistemas acuáticos y comprometer el agua utilizada por las comunidades. La magnitud del daño en el punto intervenido, sin embargo, no fue cuantificada en el reporte militar.
La inutilización de dragas, motores y equipos de clasificación busca impedir que la operación minera continúe con esa infraestructura, aunque la recuperación ambiental de una zona afectada requiere diagnósticos técnicos, control de nuevas actividades ilegales y medidas de restauración cuando sean necesarias.
El Ejército informó que mantiene operaciones contra las economías ilícitas de grupos armados en el territorio nacional. En Puerto Caicedo, el resultado se concentra en dos frentes: retirar maquinaria valorada en más de $200 millones y frenar una producción que, según los cálculos oficiales, alcanzaría seis kilos de oro mensuales.
La investigación deberá establecer quiénes financiaban y administraban la explotación, qué responsabilidad tendrían los presuntos integrantes de los Comandos de Frontera y cuál ha sido la afectación ambiental real en la vereda Maracaibo.