Una nueva directriz de comunicaciones del Gobierno de Abelardo De la Espriella abrió un debate sobre la relación que tendrá la Casa de Nariño con los medios de comunicación. Según una investigación de Caracol Radio, la Presidencia habría impartido instrucciones para limitar las entrevistas, restringir las ruedas de prensa y concentrar los principales anuncios en un reducido grupo de voceros.
Las instrucciones habrían sido comunicadas a los responsables de comunicaciones de diferentes ministerios durante reuniones encabezadas por María Fernanda Sandoval, jefe de comunicaciones de la Presidencia.
De acuerdo con el contenido de un acta conocido por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, uno de los lineamientos centrales establece que los funcionarios no deberán ofrecer entrevistas ni participar en ruedas de prensa con medios que no sean considerados “amigos”, salvo que exista un asunto estratégico que previamente haya sido autorizado desde la Presidencia.
La medida, de confirmarse en esos términos, marcaría una nueva forma de manejar la comunicación del Ejecutivo, con un esquema mucho más concentrado en Casa de Nariño.
El cambio no se limitaría a las entrevistas.
Durante eventos públicos, recorridos e inspecciones en los que exista presencia de periodistas, los ministros podrían entregar una declaración sobre el tema correspondiente, pero sin permitir preguntas posteriores.
En otras palabras, el funcionario tendría la posibilidad de establecer el mensaje que quiere transmitir, pero los periodistas no tendrían necesariamente la oportunidad de confrontar esa versión, solicitar explicaciones adicionales o plantear interrogantes sobre asuntos relacionados.
La restricción también alcanzaría a los viceministros, quienes, según la información revelada, no estarían autorizados para actuar como voceros del Gobierno.
Los grandes anuncios, por su parte, quedarían principalmente en manos del presidente Abelardo De la Espriella.
Pero el diseño comunicacional tendría otro protagonista: el abogado Miller Soto.
Según la información conocida por Caracol Radio, Soto tendría tres intervenciones diarias como vocero oficial de la Presidencia, convirtiéndose en uno de los principales encargados de explicar las decisiones y posiciones del Gobierno.
La estrategia contempla además una especie de cadena de filtros antes de que la información llegue a los medios.
Cada ministerio tendría un periodista encargado de recibir los contenidos considerados relevantes de la respectiva cartera. Esa información sería evaluada antes de avanzar hacia la oficina de comunicaciones de Presidencia.
La misma metodología se extendería a las entidades adscritas a cada ministerio, que también tendrían que canalizar sus anuncios y evitar entregar declaraciones o información de manera independiente.
El objetivo sería que los mensajes oficiales pasen por un sistema coordinado y que la Presidencia determine cuáles asuntos tienen suficiente relevancia para ser comunicados y quién debe hacerlo.
En ese esquema, Miller Soto tendría un papel central.
Incluso estarían previstos talleres piloto de vocería para preparar al funcionario sobre los temas considerados prioritarios por las diferentes carteras.
La estrategia también contempla una línea narrativa común para todo el Gobierno.
Uno de los conceptos que deberá aparecer de manera recurrente es el de “Patria Milagro”, acompañado de mensajes como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”.
La intención, según la información revelada, sería construir un mensaje capaz de llegar tanto a quienes respaldaron electoralmente a De la Espriella como a quienes votaron por otras opciones.
Así, la comunicación del Ejecutivo no estaría enfocada exclusivamente en explicar decisiones administrativas, sino también en consolidar una narrativa política alrededor del nuevo Gobierno.
Los cambios alcanzarían incluso la manera de redactar los comunicados.
La instrucción sería que, por lo general, estos documentos no superen una página y que la información institucional sea difundida inicialmente a través de las cuentas oficiales de los ministerios y no desde las cuentas personales de los jefes de las carteras.
Los ministros podrían posteriormente compartir las publicaciones oficiales.
Otro capítulo sensible tiene que ver con la publicidad estatal.
Las diferentes entidades tendrían que entregar a la Presidencia información sobre los planes de medios y las pautas publicitarias actualmente vigentes, mientras se habría impartido la instrucción de detenerlas para someterlas a revisión.
La medida estaría relacionada con la política de austeridad que pretende promover el Gobierno.
La administración también habría solicitado a los ministerios evitar gastos excesivos y abstenerse de pronunciarse sobre asuntos que no correspondan directamente a sus competencias.
Sobre el papel, la estrategia podría presentarse como una fórmula para evitar contradicciones entre funcionarios, reducir mensajes improvisados y garantizar que todas las entidades hablen bajo una misma línea institucional.
Sin embargo, el contenido de las instrucciones genera preguntas de fondo.
El primer interrogante es quién definirá cuáles medios son “amigos” y cuáles no.
La segunda pregunta es qué criterios se utilizarán para autorizar entrevistas consideradas estratégicas.
Y la tercera, quizás la más importante, es qué ocurrirá con el derecho de los periodistas a preguntar directamente a los responsables de las decisiones públicas.
Una declaración oficial no reemplaza necesariamente una entrevista.
En una rueda de prensa, los periodistas pueden repreguntar, confrontar cifras, solicitar documentos, pedir explicaciones y poner sobre la mesa asuntos que el funcionario no había contemplado en su intervención inicial.
Si los ministros solamente entregan declaraciones sin aceptar preguntas, buena parte de ese ejercicio de contraste podría desaparecer.
El asunto cobra todavía más relevancia cuando se trata de decisiones que afectan directamente a millones de colombianos.
Presupuesto, seguridad, salud, educación, impuestos, contratación pública, infraestructura y gasto estatal son asuntos que requieren explicaciones detalladas y, en muchos casos, respuestas frente a cuestionamientos.
Por eso, la nueva política comunicacional podría terminar convirtiéndose en un debate sobre los límites entre la coordinación institucional y el control de la información.
El Gobierno tiene derecho a organizar su estrategia de comunicaciones y a definir quiénes ejercen la vocería oficial. Lo que genera discusión es que el acceso a entrevistas y declaraciones pueda depender de una clasificación de medios o que los funcionarios eviten responder preguntas de manera sistemática.
También existe un punto adicional: la publicidad oficial.
La revisión de las pautas puede entenderse como una medida de austeridad y control del gasto público, pero también será necesario garantizar que las decisiones sobre contratación de publicidad no se conviertan en mecanismos para premiar o castigar a determinados medios dependiendo de su línea editorial.
La pauta estatal, precisamente por provenir de recursos públicos, debería distribuirse bajo criterios transparentes, verificables y ajenos a consideraciones políticas.
La estrategia diseñada por la Casa de Nariño muestra, en todo caso, que el Gobierno pretende tener un control mucho mayor sobre su comunicación.
El presidente concentraría los grandes anuncios; los ministros tendrían una participación más limitada; los viceministros quedarían fuera de la vocería; Miller Soto tendría varias intervenciones diarias y la información de los ministerios pasaría por diferentes filtros antes de llegar al público.
Todo esto se produciría mientras la administración intenta posicionar el concepto de “Patria Milagro” como una de las principales marcas políticas de su Gobierno.
El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá de si consigue transmitir un mensaje coherente sin cerrar las puertas a la crítica.
Porque una cosa es evitar contradicciones entre funcionarios y otra muy diferente es evitar preguntas.
Una cosa es coordinar la comunicación institucional y otra establecer qué medios pueden acceder al Gobierno.
Y una cosa es reducir gastos innecesarios en publicidad y otra utilizar los recursos públicos para establecer relaciones de conveniencia con determinados medios.
Por ahora, la información revelada por Caracol Radio deja sobre la mesa un modelo de comunicación presidencial basado en la centralización, el control previo de los mensajes y una fuerte concentración de la vocería.
El desafío para la administración de De la Espriella será demostrar que esta estrategia no pretende esconder al Gobierno detrás de comunicados cuidadosamente preparados, sino mejorar la calidad de la información que reciben los ciudadanos.
La pregunta que queda abierta es directa: ¿se trata de una estrategia para ordenar la comunicación del Gobierno o de una política que podría terminar dejando a los periodistas sin posibilidad de hacer las preguntas incómodas que también necesita responder una democracia?