El Gobierno nacional anunció una nueva ofensiva contra las estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios. Durante su visita a Buenaventura, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a otros centros penitenciarios a 120 internos señalados de continuar delinquiendo desde prisión.
El anuncio fue realizado este martes por el propio mandatario, quien aseguró que los reclusos estarían relacionados con hechos delictivos que afectan la seguridad de la región.
“Acabo de dar la instrucción al director del INPEC que mueva a 120 delincuentes que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”, afirmó De La Espriella.
El presidente también se refirió a las condiciones bajo las cuales deberán realizarse los traslados. Según indicó, los internos serán llevados motilados, con uniformes de color naranja y amarrados, como parte de las medidas de seguridad previstas para el procedimiento.
La decisión busca impedir, según el Gobierno, que personas privadas de la libertad continúen coordinando o participando en actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios donde permanecen recluidas.
Los traslados estarán a cargo del Inpec y deberán ejecutarse bajo protocolos de seguridad que involucren a las autoridades penitenciarias y, cuando corresponda, a la Fuerza Pública.
Esta medida se suma a otros traslados de internos que se han realizado desde el comienzo de la administración de De La Espriella. Entre los movimientos reportados se encuentran reclusos trasladados desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios ubicados en Bogotá, Santander, Boyacá, Valledupar y Cartagena.
Estos procedimientos se han desarrollado bajo estrictos dispositivos de seguridad, con el propósito de reducir los riesgos de fuga, rescate de internos o posibles ataques durante los desplazamientos.
La orden anunciada en Buenaventura pone nuevamente en el centro del debate la capacidad de las autoridades para evitar que las cárceles sean utilizadas como centros de coordinación de actividades criminales. La identificación de los 120 internos y las condiciones específicas de cada traslado deberán ser establecidas por las autoridades penitenciarias en el desarrollo del procedimiento.