Una auditoría forense sobre el manejo de los recursos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia habría detectado posibles irregularidades por cerca de $60.000 millones durante los últimos cuatro años, según fuentes del Gobierno consultadas por Caracol Radio.
La cifra representa una suma considerable frente al presupuesto anual de la entidad, que ronda los $75.000 millones, y pone bajo la lupa la administración de recursos públicos durante el periodo anterior. Sin embargo, hasta el momento se trata de una información atribuida a fuentes gubernamentales y será necesario conocer el contenido completo de la auditoría y las eventuales actuaciones de los organismos de control para establecer responsabilidades.
El escándalo se conoce en medio de la controversia generada por la salida de Germán Miranda, quien había sido designado nuevamente como director Nacional de Bomberos durante el Gobierno de Abelardo De la Espriella.
Miranda, quien fue el primer director nacional de la entidad desde su creación en 2013 y permaneció en el cargo durante varios años, quedó en el centro de una discusión relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar nuevamente la dirección.
De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el entonces subdirector administrativo y financiero, Próspero Antonio Carbonell, revisó la documentación de Miranda y manifestó dudas sobre la acreditación integral de algunos requisitos, entre ellos su formación, los 25 años de servicio bomberil ininterrumpido y el ascenso al grado de capitán.
Posteriormente, una revisión documental realizada el 17 de agosto en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto encontró que en los archivos consultados no aparecía el acto mediante el cual Miranda habría ascendido a capitán ni todos los soportes académicos y documentales necesarios para acreditar los requisitos. También se encontró un acta que señalaba que Miranda dejó de prestar servicios en Bomberos de Pasto el 25 de marzo de 2008.
No obstante, la versión del Gobierno sostiene que Miranda sí cumplía con los requisitos y que estos habrían sido acreditados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Una auditoría que cambia el foco del escándalo
Más allá de la controversia alrededor de la hoja de vida de Miranda, fuentes del actual Gobierno aseguran que una auditoría forense sobre los recursos de Bomberos habría revelado un panorama mucho más delicado.
Según esa versión, las posibles irregularidades alcanzarían aproximadamente $60.000 millones, razón por la cual la administración de De la Espriella estaría concentrando la atención en contratos, manejo presupuestal y posibles beneficiarios de los recursos durante los últimos cuatro años.
En ese contexto aparece también el nombre del exsenador Eduardo Pulgar, cuyo eventual vínculo con algunos de los contratos investigados hace parte, por ahora, de las versiones entregadas por fuentes gubernamentales y deberá ser establecido mediante documentos y actuaciones oficiales.
El caso que genera especial atención es el de Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., empresa mencionada en una investigación periodística publicada en marzo de 2026 por Vorágine sobre un contrato de la Dirección Nacional de Bomberos.
De acuerdo con la información revelada ahora por Caracol Radio, esta compañía estaría entre los asuntos que serán revisados dentro de la auditoría forense.
La controversia, por lo tanto, deja abiertas varias preguntas: ¿cómo fueron contratados y ejecutados los recursos de Bomberos durante los últimos cuatro años?, ¿quiénes fueron los principales contratistas y beneficiarios?, ¿qué encontró exactamente la auditoría forense y existen hallazgos con alcance fiscal o penal?
Por ahora, la cifra de $60.000 millones corresponde a la versión entregada por fuentes del Gobierno y no constituye por sí misma una conclusión judicial sobre la existencia de un fraude. El alcance real de las presuntas irregularidades deberá determinarse a partir del informe de auditoría y de las investigaciones que eventualmente adelanten la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía.
El caso promete convertirse en uno de los primeros grandes escándalos administrativos bajo revisión del Gobierno De la Espriella, mientras las autoridades avanzan en la verificación de los contratos y del manejo de los recursos de la Dirección Nacional de Bomberos.