El Inpec sacó a los dos políticos de la Estación de Carabineros en Bogotá y los llevó a la cárcel La Picota. El Gobierno anunció una revisión de los casos de personas privadas de la libertad en instalaciones policiales y militares.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó nuevos traslados de personas privadas de la libertad que permanecían en instalaciones de la Policía. Entre los casos más recientes están los del senador electo Wadith Manzur y el exgobernador de Vichada Hecson Alexys Benito Castro, quienes fueron enviados a la cárcel La Picota, en Bogotá.
Manzur permanecía en la Estación de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara en marzo una medida de aseguramiento en su contra y ordenara su captura dentro de la investigación relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El congresista electo deberá continuar privado de la libertad en La Picota mientras avanza el proceso judicial y la Corte determina su responsabilidad frente a los hechos que son materia de investigación. La condición de investigado no equivale a una condena.
También trasladaron a un exgobernador
El segundo traslado correspondió a Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada, quien permanecía en el mismo lugar que Manzur.
Según los reportes conocidos, Castro fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de prisión por el delito de peculado por apropiación. Una sentencia de la propia Corte registra el proceso seguido contra Castro y otros funcionarios por hechos relacionados con recursos públicos.
Los traslados se producen después de que el Gobierno anunciara una revisión de las personas privadas de la libertad que permanecen en estaciones de Policía o instalaciones militares, con el propósito de determinar cuáles cumplen las condiciones legales para continuar allí.
La medida hace parte de una política anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella para que las personas privadas de la libertad que no tengan una justificación legal para permanecer en instalaciones policiales o militares sean trasladadas a establecimientos penitenciarios.
El Inpec revisa más casos
De acuerdo con la información publicada por SEMANA, el Inpec continúa revisando otros casos y podrían producirse nuevos traslados durante los próximos días.
La decisión se suma a otros movimientos registrados recientemente desde instalaciones policiales hacia establecimientos penitenciarios. El pasado 9 de septiembre, por ejemplo, fueron trasladados desde el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) varios políticos y particulares que permanecían privados de la libertad allí.
El Gobierno sostiene que estos procedimientos buscan garantizar que las personas privadas de la libertad permanezcan en los lugares establecidos conforme al marco legal y penitenciario vigente.