El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el texto pasará este viernes a despacho presidencial para su rúbrica, coincidiendo con la convocatoria sindical liderada por el expresidente Gustavo Petro para el próximo 14 de octubre.
El pulso por el orden público en las calles
El Ejecutivo prepara su respuesta jurídica para el manejo del orden público ante la convocatoria de la primera gran movilización social en contra de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que este viernes el decreto destinado a sancionar la protesta violenta y trazar líneas divisorias para la intervención de la Fuerza Pública quedará listo para la firma del jefe de Estado.
La normativa llega en un momento de alta tensión política. Las centrales sindicales, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y respaldadas por Fecode, programaron una jornada de marchas para el próximo miércoles 14 de octubre. El propio expresidente Gustavo Petro confirmó su participación en la manifestación prevista en Bogotá, convocando a sindicatos y sectores afines a exigir un salario mínimo vital para el año 2027 y medidas frente a la sequía.
La sombra de los antecedentes y las reglas de juego
El anuncio del decreto busca blindar los espacios de movilización pacífica y endurecer las medidas contra actos vandálicos, recordando los episodios de alteración del orden público vividos durante las protestas de 2021. Mientras los organizadores de la marcha insisten en que la jornada transcurrirá en absoluta calma y bajo los cauces de la protesta social legítima, el Gobierno busca dotar a las autoridades de herramientas operativas claras para distinguir entre la manifestación ciudadana y las acciones violentas que comprometan la seguridad de la infraestructura y los uniformados.