La seguridad en el centro del Atlántico quedó nuevamente bajo la lupa luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta por el nivel de control que, según el organismo, estarían ejerciendo grupos armados ilegales sobre comunidades de cinco municipios del departamento.
La Alerta Temprana 019 de 2026 incluye a Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, territorios donde la Defensoría identifica un escenario de riesgo marcado por disputas entre estructuras criminales, amenazas, homicidios y restricciones impuestas a la población civil.
El informe utiliza una expresión que resume la gravedad de la situación: los grupos ilegales estarían ejerciendo una “fuerte gobernanza” sobre las comunidades.
Esto se reflejaría, de acuerdo con la alerta, en la imposición de las denominadas “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y circulación de panfletos intimidatorios en los que se anuncian supuestos procesos de “exterminio social” contra personas señaladas o estigmatizadas y población migrante.
Pero el control no terminaría allí. La Defensoría también advierte sobre la disputa y regulación de rentas ilegales provenientes de la extorsión, el microtráfico y el abigeato, además del uso de corredores terrestres y fluviales para movilizar armas, drogas e insumos químicos.
Las cifras que preocupan
El aumento de los homicidios aparece como uno de los principales indicadores de la escalada de violencia.
En Sabanalarga, la tasa de homicidios pasó de 9,23 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025. En términos proporcionales, el indicador prácticamente se cuadruplicó.
En Baranoa el salto fue aún mayor: la tasa pasó de 2,16 en 2023 a 24,88 en 2025, un incremento superior a once veces.
La Defensoría señala además que algunos de los hechos violentos se han presentado en sectores rurales, entre ellos la trocha La Tomatera, en la vía que comunica a Baranoa con Polonuevo, y la carretera hacia Sibarco.
La situación también presenta un componente de violencia contra las mujeres. En toda la subregión Centro del Atlántico, los homicidios de mujeres pasaron de uno en 2023 a seis en 2024, es decir, se multiplicaron por cinco.
Una guerra por territorio y rentas
La alerta identifica como protagonistas del escenario de riesgo a varias estructuras criminales.
El documento menciona al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, así como a organizaciones regionales de crimen organizado como Los Costeños, asociados en el informe al Bloque Resistencia Caribe, y Los Pepes.
También se registra incidencia de Los Rastrojos Costeños y de otras bandas delincuenciales que serían utilizadas como estructuras tercerizadas.
La Defensoría señala que la ruptura de una tregua entre Los Pepes y Los Costeños a comienzos de 2026 habría provocado una nueva etapa de confrontaciones y retaliaciones armadas.
La consecuencia de esta disputa recaería directamente sobre las comunidades, especialmente en zonas donde el control territorial se convierte en la principal herramienta para dominar las rentas ilegales.
Comunidades en mayor riesgo
El informe identifica varios sectores de la población que requieren especial protección.
Entre ellos están las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Luruaco y Repelón; los pueblos indígenas Mokaná y Kamash-Hu de Baranoa y Polonuevo; y la población Rrom de Sabanalarga.
También aparecen en el listado los defensores de derechos humanos, líderes comunales, reclamantes de tierras y personas vinculadas a procesos sociales.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes estarían expuestos al reclutamiento, utilización e instrumentalización por parte de organizaciones criminales.
La alerta incluye además a mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y población migrante, particularmente quienes se encuentran en situación irregular.
Los comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores intermunicipales también figuran entre los sectores económicos considerados vulnerables frente a las extorsiones y otras formas de presión.
¿Qué puede ocurrir si no se actúa?
La Defensoría advierte que, si no se adoptan medidas preventivas, podrían profundizarse los desplazamientos forzados “silenciosos”, las amenazas, los homicidios selectivos y las restricciones a la movilidad.
El riesgo es que prácticas inicialmente utilizadas para intimidar terminen convirtiéndose en mecanismos permanentes de control sobre las comunidades.
Que un grupo ilegal determine quién puede circular por determinado sector, qué actividad económica puede funcionar o quién debe abandonar un territorio sería una señal particularmente grave de pérdida de control institucional.
Por eso, la alerta no solo advierte sobre los hechos de violencia que ya se han presentado, sino sobre la posibilidad de que esas dinámicas se consoliden.
31 recomendaciones para las autoridades
Frente al escenario identificado, la Defensoría formuló 31 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial.
Entre las instituciones llamadas a intervenir están los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas.
La entidad solicitó activar de manera urgente la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, con el propósito de poner en marcha medidas efectivas de protección, prevención y acceso a la justicia.
La respuesta, además, deberá tener en cuenta las condiciones particulares de las comunidades desde una perspectiva territorial, étnica y de género.
La Defensoría insistió en que sus Alertas Tempranas son instrumentos preventivos, no predictivos, cuyo propósito es advertir a las autoridades para evitar que los riesgos identificados terminen convirtiéndose en nuevas tragedias.
Ahora el reto es que la advertencia no se quede únicamente en el papel.
La pregunta que queda planteada para las autoridades es directa: ¿se logrará recuperar el control institucional antes de que esas “fronteras invisibles” terminen convirtiéndose en fronteras reales para miles de habitantes del Atlántico?
Los próximos meses serán determinantes para saber si la respuesta estatal consigue frenar el avance de las estructuras criminales o si, por el contrario, la población continúa pagando el precio de una disputa que no provocó.