Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés permanecen recluidos en la cárcel de Cómbita, luego de ser recapturados tras recuperar la libertad por vencimiento de términos.
La investigación por el asesinato del ganadero y empresario Esteban Urueta González y sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado tendrá un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía prepara la imputación de los delitos de desaparición forzada y tortura contra los dos hombres señalados de participar en estos hechos, ocurridos el 10 de septiembre de 2024 en Córdoba.
Los investigados son Cristian Mauricio Petro Almanza, oriundo de San Pelayo, y Juan Fernando Soto Garcés. Ambos permanecen privados de la libertad en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, después de que fueran recapturados tras una decisión judicial que les concedió la libertad por vencimiento de términos.
Las diligencias son adelantadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Córdoba y Bogotá. Con los nuevos cargos, el ente acusador busca ampliar el proceso penal relacionado con el asesinato de las tres víctimas.
Los delitos que ya enfrentaban
Antes de este nuevo anuncio, Petro Almanza y Soto Garcés habían sido imputados por homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado y agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
El 10 de junio de 2025 ambos habían recuperado la libertad por vencimiento de términos, luego de una solicitud presentada por sus abogados defensores. Posteriormente fueron recapturados en operativos realizados en Barranquilla y Valledupar, por una investigación relacionada con hurto calificado de mayor cuantía agravado por la confianza.
La reciente decisión de libertad también fue seguida de una nueva captura, por lo que los dos procesados continúan en prisión mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La imputación por desaparición forzada y tortura deberá surtirse ante un juez, y los investigados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
