La Fiscalía General de la Nación sostuvo este martes que Nicolás Petro Burgos habría utilizado una aparente colaboración con la justicia como estrategia para evitar una medida de aseguramiento en centro carcelario, en el proceso que se adelanta en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La afirmación fue hecha por la fiscal Lucy Laborde durante la audiencia preparatoria a juicio, que se desarrolla ante el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, a cargo del juez Hugo Carbonó. En ese escenario, la representante del ente acusador presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación frente a la decisión del despacho de inadmitir y rechazar varias pruebas solicitadas por la Fiscalía.
Uno de los principales puntos de controversia fue la exclusión del interrogatorio practicado por la Fiscalía a Nicolás Petro, al considerar el juez que dicho elemento probatorio no podía usarse en juicio al estar, según su criterio, ligado a un principio de oportunidad. Frente a esto, Laborde pidió reconsiderar la decisión, argumentando que nunca existió un preacuerdo ni un principio de oportunidad formalizado.
“La declaración fue libre y voluntaria. En el acta de compromiso no hay una sola referencia a negociación alguna”, sostuvo la fiscal, quien agregó que no existe respaldo documental dentro del proceso que indique que el interrogatorio se dio bajo un beneficio judicial.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro desistió posteriormente de colaborar, pero dejó claro que dicha colaboración tenía un propósito específico: evitar ser enviado a prisión mientras avanzaba la investigación.
Debate por pruebas de la defensa
En la misma diligencia, la Fiscalía solicitó al juez revocar la admisión de documentos aportados por la defensa, relacionados con la declaración de renta y el balance general de 2022 de Nicolás Petro. Laborde señaló que estos documentos no fueron descubiertos en el momento procesal correspondiente, como lo exige el Código de Procedimiento Penal.
De acuerdo con el ente acusador, las pruebas habrían sido “camufladas” como anexos a un informe pericial, lo que, a su juicio, impide su uso válido dentro del juicio oral. La Fiscalía advirtió que, de mantenerse la decisión, apelará ante el Tribunal Superior de Barranquilla para que el tema sea revisado en segunda instancia.
Finalmente, la fiscal insistió en que se admitan varios documentos y certificaciones que fueron excluidos por el despacho, al considerarlos relevantes para sustentar la acusación contra Nicolás Petro.
El proceso continúa en una etapa clave, marcada por fuertes debates jurídicos que definirán qué pruebas llegarán al juicio oral y el rumbo del caso que mantiene alta atención pública y política en el país.