La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para investigar presuntas alianzas entre cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y miembros de la fuerza pública, luego de que Noticias Caracol revelara detalles de archivos incautados en julio de 2024.
La decisión surge tras la revisión de documentos obtenidos el 23 de julio de 2024, cuando el Ejército interceptó en Anorí, Antioquia, una caravana de integrantes del grupo ilegal que se movilizaban en camionetas de la UNP. Entre los elementos hallados estaban chats, correos, fotografías y cartas que apuntarían a una colaboración estructurada entre disidencias y funcionarios estatales.
Según la investigación de Noticias Caracol, en los documentos aparecen mencionados el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. Dentro de los planes señalados en los archivos figura incluso la creación de una empresa de seguridad privada que funcionaría como fachada para transporte en vehículos blindados y obtención de permisos de porte de armas.
Pese al volumen y relevancia del material incautado, el informe periodístico denunció que no se había iniciado ninguna investigación puntual contra los altos funcionarios relacionados. En la noche del lunes 24 de noviembre, la Fiscalía reconoció parcialmente esta situación.
La entidad afirmó que durante 16 meses no recibió reportes, copias ni alertas sobre la información recaudada, debido a que la fiscal a cargo en Medellín —perteneciente a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales— no socializó los hallazgos con el nivel central.
Tras una verificación realizada este lunes en Medellín, el equipo central encontró que en los dispositivos incautados sí hay información “de la mayor gravedad” que no estaba siendo objeto de investigación.
Por ello, la fiscal general dispuso:
- La intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada.
- La apertura de líneas de investigación sobre:
- posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército por disidencias de las Farc;
- amenazas a la seguridad nacional;
- presunta financiación de campaña presidencial;
- alianzas entre actores ilegales;
- creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
Además, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los documentos.
La entidad también defendió sus avances en otros frentes del caso, señalando la judicialización de 28 integrantes del frente 36, así como la imputación a tres miembros de la caravana interceptada. Dos de ellos aceptaron cargos por porte ilegal de armas y ya fueron condenados; el tercero enfrenta una acusación por homicidio.