Mientras las persianas metálicas se cerraban por temor en Barranquilla, Soledad y Malambo, los mandatarios locales y el Gobierno nacional respondieron con promesas de papel frente a una parálisis económica forzada por las bandas ilegales.
El pasado fin de semana, el área metropolitana de Barranquilla y el departamento del Atlántico no vivieron una jornada normal. Bajo una atmósfera de profunda expectativa y zozobra, la ciudadanía y el sector comercial experimentaron un confinamiento de facto. Las amenazas directas y la circulación de panfletos intimidatorios por parte de las organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego el control de las finanzas ilícitas en la región Caribe forzaron un masivo cierre de locales, almacenes y puestos de venta ambulante. El miedo a las represalias venció, una vez más, a las garantías de seguridad del Estado.
Ante este escenario de parálisis económica y temor colectivo, las respuestas de los gobernantes locales y departamentales han vuelto a encender el debate sobre la alarmante desconexión entre la retórica oficial y la realidad de las calles.
Barranquilla: Discursos en redes frente a calles vacías
En medio de la crisis, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, optó por utilizar su cuenta en la red social X para enviar un mensaje de tranquilidad que, para muchos sectores afectados, resultó insuficiente y tardío. Aunque el mandatario reconoció la preocupación existente por las intimidaciones contra comerciantes y vendedores informales, su afirmación de que «no se permitirá que estas acciones afecten la tranquilidad» contrastó drásticamente con los negocios cerrados y las calles semivacías durante el fin de semana.
La declaración de Char, centrada en que el Distrito mantiene una «coordinación permanente con la Policía Metropolitana y organismos de seguridad», repite la misma fórmula discursiva de consejos de seguridad previos, dejando en el aire la pregunta que hoy se hacen los atlanticenses: ¿dónde están los resultados tangibles si las bandas siguen determinando a qué hora abre o cierra el comercio? El llamado del alcalde a «conservar la calma» y «recuperar la confianza» suena a utopía en sectores donde la extorsión ya forma parte de la estructura de costos diaria.
El vacío de autoridad en el área metropolitana y el departamento
El panorama en Soledad y Malambo no fue distinto, evidenciando que las alcaldías de estos municipios, sumadas a la Gobernación del Atlántico, siguen careciendo de una estrategia metropolitana conjunta y robusta. La falta de un liderazgo unificado y de acciones de choque efectivas ha permitido que los subgrupos criminales trastoquen la economía local sin hallar una resistencia institucional de peso. La periferia urbana del departamento se consolida, ante la inacción de sus gobernantes, como el epicentro de operaciones de las mafias locales.
Un Gobierno nacional de espaldas a la crisis del Caribe
El cuestionamiento también se extiende hacia el Gobierno nacional. Mientras el suroccidente del país capta la atención de los ministerios por el conflicto armado, las dinámicas de terror urbano en el norte de Colombia parecen ser tratadas como problemáticas de delincuencia menor. La ausencia de una intervención estructural de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para desmantelar los tentáculos financieros de estas bandas demuestra que el Atlántico sigue desamparado en el tablero de prioridades de la seguridad nacional.
Este fin de semana no hubo tranquilidad, hubo repliegue ciudadano. El comercio no cerró por descanso; cerró porque las armas ilegales pesaron más que los decretos gubernamentales. Mientras las autoridades sigan combatiendo el terrorismo urbano con publicaciones en redes sociales y llamados a la calma, el control territorial seguirá en manos de quienes hoy imponen la ley del silencio en el Atlántico.