Varios militares retirados que han reconocido responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales dentro de procesos adelantados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevaron al Congreso sus testimonios sobre el papel que ha tenido la justicia transicional en el esclarecimiento de estos hechos.
Uno de ellos fue el mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar Casanare, quien intervino ante una comisión del Senado en medio del debate que se desarrolla alrededor del futuro y el presupuesto de la JEP.
Soto Bracamonte fue imputado por la JEP junto con otros 22 exoficiales por más de 300 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados entre 2005 y 2008 en Casanare. Antes de acogerse a la jurisdicción especial, había permanecido privado de la libertad durante más de 11 años y contaba con una condena de 60 años en la justicia ordinaria.
Durante su intervención, explicó que decidió someterse a la JEP en 2017 y comenzar un proceso de reconocimiento de responsabilidad y aporte a la verdad. Según su relato, en la justicia ordinaria había negado los hechos, mientras que ante la jurisdicción transicional empezó a entregar información sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas personas que posteriormente fueron presentadas como bajas en combate.
El exmilitar también describió los encuentros entre responsables y familiares de las víctimas como uno de los momentos más complejos del proceso. Señaló que la JEP realizó labores de verificación de sus testimonios y que recibió acompañamiento psicosocial para participar en esos espacios.
Soto Bracamonte afirmó que todavía espera que la JEP determine la sanción restaurativa correspondiente y manifestó su intención de continuar aportando información al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El debate por el presupuesto de la JEP
La intervención se produjo mientras el Congreso discute una reducción de recursos para la jurisdicción dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027.
Las comisiones económicas aprobaron un recorte de $170.000 millones al presupuesto destinado al Sistema Integral de Paz. El debate aún debe continuar en las plenarias del Congreso, por lo que la cifra puede sufrir modificaciones.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, participó en la sesión y advirtió sobre las consecuencias que, según la jurisdicción, podría tener una reducción de esa magnitud para el cumplimiento de sus funciones.
Ramelli sostuvo que el debate presupuestal también involucra los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de quienes comparecen ante la JEP y el cierre de procesos relacionados con el conflicto armado. La jurisdicción reporta más de 600.000 víctimas acreditadas y miles de comparecientes de las antiguas Farc-EP y de la Fuerza Pública.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella, por su parte, ha defendido la necesidad de revisar la asignación de recursos y ha planteado que parte del dinero pueda dirigirse hacia la justicia ordinaria, argumentando que esta también enfrenta necesidades de infraestructura, tecnología y descongestión judicial.
Otros militares también han reconocido los hechos
El caso de Soto Bracamonte no es aislado. En los últimos meses, otros oficiales retirados han contado públicamente sus experiencias dentro de la JEP y han reconocido responsabilidad en hechos relacionados con los denominados falsos positivos.
Entre ellos está el coronel retirado Héctor Alejandro Cabuya de León, a quien la JEP atribuyó responsabilidad por 101 ejecuciones extrajudiciales ocurridas cuando comandaba el Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas, en Meta.
Cabuya ha relatado que inicialmente negó responsabilidad, pero posteriormente comenzó a entregar información sobre los hechos y a participar en ejercicios restaurativos con otros militares y víctimas. También ha cuestionado que se cierre o modifique el sistema sin conocer los testimonios de quienes decidieron acogerse a él.
Otro caso es el del mayor retirado Daladier Rivera Jácome, quien anteriormente había pedido públicamente al presidente De La Espriella mantener las condiciones de la JEP para los militares que han decidido contar su verdad y reconocer responsabilidad.
Una discusión que trasciende el presupuesto
Los testimonios de los exmilitares se conocen en un momento en el que el futuro de la JEP es objeto de un intenso debate político y jurídico.
Además de la discusión presupuestal, en el Congreso han surgido propuestas relacionadas con el funcionamiento y la duración de la jurisdicción. Una iniciativa plantea que las funciones de la JEP no sean prorrogadas y que los procesos pendientes pasen a la justicia ordinaria, mientras que otra propuesta busca trasladar determinadas decisiones relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública hacia la Justicia Penal Militar.
La JEP, entretanto, sostiene que su trabajo todavía tiene asuntos pendientes por resolver, particularmente en materia de verdad, reparación y sanciones restaurativas.
Los testimonios de los militares que han aceptado responsabilidad constituyen uno de los elementos que actualmente hacen parte de la discusión sobre el papel que debe cumplir la justicia transicional en el cierre del conflicto armado colombiano.