Dos exempleadas de Julio Iglesias volvieron a acudir ante la justicia española para denunciar al cantante por hechos que, según su relato, incluirían presuntas agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas durante el periodo en que trabajaron para él.
La nueva acción judicial fue anunciada este viernes por Women’s Link, organización que acompaña a las denunciantes, identificadas públicamente bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad.
Las mujeres ya habían acudido a la Fiscalía en 2021. Sin embargo, esa primera denuncia terminó archivada debido a que el Ministerio Fiscal consideró que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar los hechos denunciados, al no existir un vínculo suficientemente relevante con España.
Ahora, las exempleadas buscan que el caso sea nuevamente analizado y que las autoridades adelanten una investigación sobre las conductas que aseguran haber sufrido.
De acuerdo con Women’s Link, una de las denunciantes trabajaba como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta. Ambas sostienen que durante su relación laboral con el artista habrían sido sometidas a situaciones de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones de trabajo que califican como forzadas y degradantes.
La organización considera que, de comprobarse los hechos denunciados, estos podrían encajar en varios delitos, entre ellos trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado o servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones y trato degradante.
Uno de los testimonios también incluye un señalamiento particularmente delicado: según la denunciante, las trabajadoras habrían sido obligadas a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes destinados a detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
Los hechos que relatan habrían ocurrido en 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años, y estarían relacionados con viviendas del cantante ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
La organización que representa a las mujeres espera que esta nueva denuncia tenga un tratamiento diferente al de la primera actuación fiscal y que pueda abrirse una investigación formal.
“Esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia”, señalaron Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la organización.
Women’s Link también insistió en que el archivo de la primera denuncia no significa que los hechos hayan sido juzgados ni que exista una sentencia definitiva que determine si las acusaciones son verdaderas o falsas.
Para la ONG, la gravedad de los señalamientos justifica que sean examinados por las autoridades competentes y que se determine judicialmente qué ocurrió.
El caso también ha puesto sobre la mesa las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas y otros empleos altamente feminizados, especialmente en contextos donde existe una marcada diferencia de poder entre empleadores y empleadas.
Desde que las primeras acusaciones se hicieron públicas, Julio Iglesias ha negado la veracidad de los señalamientos. Sus abogados, además, han cuestionado el tratamiento público que recibió el cantante y han asegurado que fue sometido a lo que calificaron como un “linchamiento público”.
La nueva denuncia abre ahora un nuevo capítulo judicial. Será la autoridad competente la encargada de determinar si existen elementos suficientes para investigar los hechos y establecer, con las debidas garantías procesales, las responsabilidades que eventualmente correspondan.