Una fuerte advertencia lanzó el presidente Abelardo De La Espriella a los alcaldes y gobernadores del país durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, Bolívar. El mandatario aseguró que ningún funcionario territorial está autorizado para negociar, pactar o establecer contactos clandestinos con organizaciones criminales.
“Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar, por su cuenta, negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, afirmó el jefe de Estado, quien además dejó claro que habrá consecuencias judiciales para los funcionarios que crucen esa línea.
“Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, agregó.
El pronunciamiento estuvo acompañado de una defensa de la actuación de la Fuerza Pública. De La Espriella cuestionó que mientras soldados y policías arriesgan su vida enfrentando a los grupos armados, alguna autoridad pretenda establecer acuerdos por fuera de los canales institucionales.
“Mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intenta hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la Patria”, manifestó.
El presidente también vinculó esta postura con su visión sobre la descentralización del Estado. Según explicó, otorgar mayores competencias a las regiones no puede significar que se pierda la autoridad estatal sobre los territorios.
“La descentralización no sirve si el Estado no ejerce autoridad en el territorio”, sostuvo.
Frente a los grupos armados ilegales, el mandatario aseguró que su Gobierno mantendrá abiertas las puertas para quienes decidan abandonar las actividades criminales y someterse a la justicia. Sin embargo, advirtió que quienes opten por continuar en el delito serán perseguidos por las autoridades.
“Quien persista en el crimen debe saber que se va por él y se le va a aplicar todo el peso de la ley. La recuperación del control territorial es una prioridad absoluta”, afirmó.
De La Espriella anunció además que la estrategia de seguridad no estará dirigida únicamente contra los máximos responsables de las organizaciones armadas. La Fuerza Pública, explicó, concentrará sus capacidades en las zonas consideradas más críticas y buscará afectar las estructuras desde sus fuentes de financiación.
Entre las prioridades mencionó el ataque a las rentas ilegales, el cierre de corredores estratégicos y la reducción de la capacidad de las organizaciones criminales para reorganizarse después de los golpes de las autoridades.
En materia de seguridad urbana, el mandatario señaló que la Policía Nacional reforzará su presencia en barrios, corredores y zonas metropolitanas donde el delito tenga mayor impacto sobre los ciudadanos.
Otro de los puntos destacados de su intervención fue la coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De La Espriella aseguró que sostuvo una conversación con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el propósito de que los resultados operativos contra las estructuras terroristas tengan también consecuencias en los tribunales.
El jefe de Estado insistió en que el país necesita investigaciones sólidas, imputaciones y acusaciones suficientemente sustentadas para que los jueces puedan imponer las condenas correspondientes.
Finalmente, De La Espriella elevó el tono de su mensaje contra las organizaciones armadas y aseguró que su Gobierno no dará tregua mientras persista la amenaza contra la población.
“No habrá tregua mientras una sola de esas estructuras pretenda someter a los colombianos. Conmigo esos delincuentes tienen la partida perdida y los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”, concluyó.