Redacción PLV Anticorrupción
Una denuncia por presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos puso bajo revisión cuatro contratos que suman cerca de $62.115 millones. Tres compañías barranquilleras concentran la atención de la investigación periodística, mientras la UIAF y el Consejo Nacional Electoral fueron requeridos para rastrear movimientos financieros y posibles conexiones con aportantes a campañas políticas.
Un nuevo escándalo sacude a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Esta vez, las dudas recaen sobre cuatro contratos suscritos el 26 de marzo de 2026 por contratación directa, cuyo valor conjunto supera los $62.000 millones y cuyo objeto incluía la adquisición de equipos de protección para bomberos y elementos destinados a atender emergencias por inundaciones.
La investigación publicada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO señala que los contratos fueron adjudicados a cuatro compañías, tres de ellas con sede en Barranquilla. Las operaciones quedaron bajo revisión después de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunciara la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con copias a la Procuraduría, la Contraloría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
El caso genera interrogantes sobre el destino de los recursos, la ejecución de los contratos y la entrega efectiva de los equipos adquiridos.
Los cuatro contratos bajo revisión
Según la información publicada por EL TIEMPO, las contrataciones se distribuyeron de la siguiente manera:
- Makei Soluciones y Asesorías SAS: $24.000 millones.
- Multisolutions América SAS: $25.698 millones, incluida una adición contractual.
- Representaciones Fonina SAS: $11.000 millones.
- Representaciones Químicas de Colombia: $1.415 millones.
La suma asciende a aproximadamente $62.113 millones, cifra que coincide con el monto global reportado de cerca de $62.000 millones.
Los contratos tenían un objeto similar: suministrar kits de protección personal para la atención y el control de incendios estructurales y forestales, además de elementos para responder a las emergencias provocadas por las inundaciones.
De acuerdo con el informe periodístico, la contratación se justificó en la emergencia invernal ocasionada por un frente frío que afectó a ocho departamentos. Sin embargo, uno de los aspectos que deberán examinar las autoridades es que, según la documentación citada por EL TIEMPO, los contratos se habrían suscrito después de los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia.
La alerta sobre el destino de los recursos
Uno de los hallazgos más sensibles mencionados en el informe es que, de los recursos desembolsados, solo $313 millones, equivalentes aproximadamente al 0,5 % del total, se habrían destinado a los fines relacionados directamente con la emergencia ambiental.
El resto del dinero habría sido dirigido a trajes para combatir incendios y otros equipos. La investigación periodística también señala que algunos de esos elementos no aparecerían en las bodegas de la Dirección Nacional de Bomberos.
Este punto requiere especial atención: será necesario establecer qué equipos fueron efectivamente entregados, cuáles fueron recibidos formalmente, dónde se encuentran almacenados y si corresponden a las cantidades y especificaciones pactadas.
La ausencia de determinados elementos en bodegas no demuestra por sí sola que nunca hayan sido entregados, pero sí plantea la necesidad de verificar actas de recibo, inventarios, facturas y registros de distribución.
Makei y Multisolutions: un vínculo societario bajo revisión
Makei Soluciones y Asesorías SAS, una empresa con sede en Barranquilla, recibió un contrato por $24.000 millones. Su gerente y accionista única, Ángela María Infante Barrios, rechazó las afirmaciones del ministro y aseguró a EL TIEMPO que las entregas sí se realizaron.
La empresaria sostuvo que su compañía cuenta con inventario para atender este tipo de emergencias, negó haber efectuado aportes a campañas y explicó que llegó al proceso mediante una invitación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
También argumentó que el alcance de los suministros debía interpretarse a la luz de las disposiciones relacionadas con la variabilidad climática.
Por su parte, Multisolutions América SAS obtuvo un contrato por $25.698 millones. Según EL TIEMPO, Merwin Infante Barrios, uno de sus accionistas con una participación del 50 %, también ocupa el cargo de subgerente en Makei. La otra mitad de Multisolutions pertenece a su hermana, Karen Judith.
El representante legal de Multisolutions, Kevin Potes, afirmó al periódico que la compañía cumplió sus obligaciones contractuales y manifestó que estará atenta a cualquier requerimiento de las autoridades.
La relación societaria entre las dos compañías constituye un dato relevante para el análisis de la contratación, aunque no demuestra por sí misma una irregularidad.
Fonina asegura que el contrato no se ha ejecutado por completo
Representaciones Fonina SAS, también domiciliada en Barranquilla, recibió un contrato por $11.000 millones.
Su representante legal y accionista único, Juan Manuel Freidel Juliao, explicó a EL TIEMPO que la ejecución no se ha completado porque, según su versión, la Dirección Nacional de Bomberos no ha recibido parte de la mercancía ni pagado la totalidad del contrato.
Freidel aseguró que la empresa recibió $3.940 millones, correspondientes a entregas de elementos para trabajos en altura, como arneses. También manifestó que el contrato venció el 30 de junio y que tenía mercancía lista para entregar, pero dificultades con el proveedor.
Su versión abre otra línea de verificación: determinar cuánto material se entregó, qué cantidades siguen pendientes, qué pagos se efectuaron y por qué no se habría completado la recepción de los elementos.
La cuarta compañía, Representaciones Químicas de Colombia, tiene sede en Bogotá y recibió un contrato por $1.415 millones. Según la publicación, su representante no había respondido las solicitudes de información al cierre del informe.
UIAF y CNE deberán aportar información
De acuerdo con EL TIEMPO, se solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) rastrear los recursos desembolsados y al Consejo Nacional Electoral (CNE) cruzar la información de los contratistas con los aportantes a las campañas de 2026.
Estas verificaciones buscan establecer si existen conexiones financieras que ameriten una investigación adicional. La existencia de coincidencias entre contratistas y aportantes políticos, si llegara a comprobarse, tampoco constituiría por sí sola prueba de una conducta ilegal.
El expediente deberá establecer si hubo incumplimientos, posibles conflictos de interés, irregularidades en la contratación o eventuales responsabilidades fiscales y penales.
Un escándalo que exige respuestas documentadas
La controversia se suma a otra situación que afecta a la entidad, después de que se anunciara la salida del capitán Germán Miranda de la Dirección Nacional de Bomberos, en medio de cuestionamientos relacionados con unos audios, según el contexto reportado por EL TIEMPO.
Ahora, el foco está puesto en la contratación, los desembolsos y la ubicación de los equipos adquiridos con recursos públicos.
Las preguntas centrales siguen abiertas: ¿se entregó la totalidad de los elementos contratados?, ¿por qué una porción tan pequeña de los desembolsos habría sido destinada directamente a la emergencia que justificó la contratación?, ¿qué documentos respaldan la ejecución de cada negocio? y ¿qué determinarán los organismos de control sobre los movimientos financieros?
Las respuestas deben surgir de los expedientes contractuales, los inventarios, las actas de recibo y las investigaciones oficiales. Por ahora, existen denuncias y cuestionamientos que deben ser esclarecidos, sin anticipar responsabilidades que todavía no han sido establecidas judicialmente.