La declaración de bienes y rentas del presidente Abelardo De La Espriella cambió sustancialmente en menos de 12 horas, después de que se revelaran inconsistencias en el documento que había sido registrado inicialmente al momento de su ingreso a la Presidencia.
La primera declaración, publicada el pasado 21 de agosto, mostraba una situación patrimonial que contrastaba con la información consignada posteriormente en el nuevo formulario.
En ese documento inicial, De La Espriella reportaba $10.272 millones en ingresos y rentas correspondientes a 2025, cifra que coincidía con la declaración de renta del año gravable 2024.
Sin embargo, la totalidad de esos recursos aparecía registrada bajo la categoría de “otros ingresos y rentas”, sin que se detallaran salarios, honorarios, arrendamientos u otras fuentes de ingresos laborales.
El formulario tampoco registraba propiedades, inversiones, sociedades ni actividades económicas privadas a nombre del mandatario.
En cuanto a sus productos financieros, la declaración inicial únicamente reportaba una cuenta de ahorros en Colombia, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025 figuraba en cero pesos.
Pero la nueva versión del documento presenta una fotografía patrimonial considerablemente diferente.
Después de la publicación hecha, el mandatario volvió a presentar la información y en el nuevo formulario aparecen bienes, cuentas e inversiones en Colombia, Estados Unidos e Italia, por un valor superior a $20.000 millones.
También fue modificada la información relacionada con su situación familiar. En el primer registro no aparecía un cónyuge, mientras que en la actualización se corrigió este apartado.
Otro cambio relevante está relacionado con sus actividades empresariales. El nuevo documento confirma que De La Espriella continúa siendo socio de una empresa, dato que tampoco aparecía en la primera declaración.
Desde el Gobierno se ha explicado que las inconsistencias obedecieron a errores administrativos y humanos durante el cargue de la información en el SIGEP II, y se ha negado que existiera intención de ocultar información patrimonial.
La administración sostiene que los documentos que respaldan la información académica, profesional, patrimonial y familiar del presidente fueron aportados y que, una vez detectadas las inconsistencias, se procedió a revisar y corregir el registro.
La modificación, sin embargo, abre nuevamente el debate sobre por qué una declaración presentada oficialmente al inicio del mandato omitió elementos relevantes del patrimonio y las actividades económicas del presidente, y por qué esos datos solo fueron incorporados después de que se hicieran públicas las inconsistencias.