El mayor escándalo de corrupción universitaria en la historia del Caribe colombiano —el saqueo a la Universidad Autónoma del Caribe durante la rectoría de Ramsés Vargas Lamadrid, en 2013— vuelve a sacudir a Barranquilla, no solo por el daño financiero que aún arrastra la institución, sino porque su principal responsable continúa en libertad y sin sentencia, enviando un mensaje alarmante: en Colombia, ser corrupto sigue pagando.
Del poder local al escándalo nacional
Vargas Lamadrid no llegó de la nada. Su ascenso comenzó en 1995, cuando fue nombrado tesorero del Distrito por el entonces alcalde Edgar George González. Su estilo arrogante y provocador —que le valió el apodo de “El Faraón”— ya generaba choques con el Concejo de Barranquilla, donde protagonizó episodios tan excéntricos como encender un habano en pleno debate, entre reclamos de concejales como Eduardo Pulgar, Orlando Rodríguez, Miguel Amín, Luis Zapata y otros.
Años después, pese a los cuestionamientos, el Consejo Superior eligió a Vargas Lamadrid como rector de la Uniautónoma tras la salida de Silvia Gette, también destituida y condenada por corrupción. Ahí comenzaría el capítulo más doloroso para la institución.
¿Dónde están los $16 mil millones que salieron de la Universidad?
Durante la administración de Vargas, la Uniautónoma vio desaparecer recursos, activos, sedes y derechos deportivos valorados en más de $16 mil millones. Nadie ha podido explicar cómo se esfumaron los ingresos de matrículas, las propiedades adquiridas en épocas de bonanza —incluida la sede de Miami y el complejo deportivo donde entrenó la Selección Colombia— ni quién autorizó la venta de bienes institucionales.
El déficit actual, según estimaciones internas, supera los $200 mil millones. Aun así, la universidad continúa operando gracias a los esfuerzos del actual rector, Jorge Enrique Senior Martínez, quien ha logrado aumentar la matrícula de 6.000 a más de 7.500 estudiantes y se ha reducido el salario en dos ocasiones para sostener la institución.
Los privilegios del “Faraón” y una captura que no cambió nada
Mientras la universidad colapsaba financieramente, Ramsés Vargas se aumentó dos veces el salario hasta llegar a $67 millones mensuales, además de adquirir una póliza de seguridad por más de $7.300 millones.
Capturado en 2018 en Cartagena, pasó un año en prisión y en 2024 fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Hoy enfrenta cargos por:
- concierto para delinquir,
- lavado de activos,
- enriquecimiento ilícito,
- fraude procesal,
- estafa agravada,
- corrupción privada,
- omisión de agente retenedor,
- y desfalco por $16 mil millones.
Pero continúa libre, a la espera de un juicio que muchos temen que termine en impunidad.
¿Y los sindicatos? ¿Y las autoridades? Silencio total
Mientras el saqueo ocurría, los sindicatos de la UAC guardaron silencio. Nunca denunciaron, nunca alertaron, nunca actuaron. Hoy, paradójicamente, atacan al actual rector, pero jamás señalaron a quien destruyó financieramente la universidad.
La UAC, al borde del colapso, y el Gobierno en deuda con el Caribe
Con una crisis que la tiene al filo del cierre, el rector Senior impulsa un proyecto para que la universidad se convierta en entidad pública del orden regional, única salida viable para salvarla.
Y aquí aparece el Gobierno Nacional.
Miles de jóvenes caribeños que apoyaron al presidente Gustavo Petro ven en la UAC su única oportunidad de acceso a educación superior. Su futuro depende ahora de si el Gobierno decide intervenir y salvar a una institución histórica, o si la deja morir como tantas otras víctimas de la corrupción.
La pregunta es directa: ¿permitirá el Gobierno que la impunidad entierre a la Uniautónoma?
Si el Estado no actúa, miles de estudiantes quedarán a la deriva, y el caso Vargas quedará como otro capítulo en el que la corrupción gana y el país pierde.
La región espera una decisión clara:
¿Defenderá Petro la educación del Caribe o dejará que el “Faraón” y su impunidad escriban el final de esta historia?