El viejo litigio territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia volvió a quedar en el centro de la discusión pública, luego de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunciara que dos decisiones del Consejo de Estado y un informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) respaldan la posición del Distrito sobre sectores como Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad Mallorquín.
Sin embargo, el anuncio de Char generó una respuesta inmediata desde Puerto Colombia y también llamados a la mesura desde el Congreso, debido a que la delimitación definitiva todavía no está en firme y corresponde al Legislativo establecerla mediante una ley.
La controversia comenzó en la mañana de este jueves, cuando Char publicó un video desde Villa Campestre en el que aseguró que Barranquilla estaba recuperando territorios que, según su interpretación, históricamente le habían pertenecido.
«El corredor universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín vuelven a Barranquilla», afirmó inicialmente el mandatario distrital.
Char sostuvo que las dos sentencias del Consejo de Estado, acompañadas del informe técnico del IGAC, permitían concluir que estos sectores hacen parte de Barranquilla y anunció que el Distrito comenzaría a preparar inversiones en la zona.
«Ya Barranquilla entra con todo su gobierno a hacer las obras y hacer la inversión que este sector está demandando», manifestó.
El alcalde habló de intervenciones en movilidad, parques, zonas verdes, iluminación, espacio público y seguridad, argumentando que los habitantes de estos sectores han reclamado durante años una mayor presencia de la administración distrital.
«Vamos a ganar todos con esta decisión», expresó.
Pero el asunto tiene una particularidad jurídica que rápidamente fue puesta sobre la mesa: el informe técnico del IGAC no constituye por sí solo la decisión definitiva sobre los límites territoriales.
El Congreso tiene la última palabra
El informe de deslinde elaborado por el IGAC fue remitido al Congreso de la República con una propuesta de nueva línea divisoria. El documento constituye un insumo técnico para el proceso, pero la modificación de los límites debe ser definida mediante ley.
El trámite se encuentra actualmente en la Comisión de Ordenamiento Territorial y todavía debe avanzar hacia las siguientes etapas legislativas antes de llegar a una decisión definitiva.
Por esa razón, el senador barranquillero Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, llamó a evitar anuncios que puedan anticipar una decisión que aún está pendiente.
«No hay necesidad de aumentar los problemas con estos atajos riesgosos», manifestó Meisel.
El congresista insistió en que el procedimiento debe adelantarse conforme a las reglas establecidas y advirtió que cualquier actuación que se adelante a la decisión legislativa podría abrir la puerta a nuevas controversias jurídicas.
«Esto no lo puede definir su equipo cinematográfico porque queda susceptible a nuevas demandas», cuestionó.
El propio Char moderó posteriormente su postura durante un encuentro de la Red de Ciudades del BID y reconoció que espera que sea el Congreso el que termine confirmando la delimitación.
No obstante, mantuvo su reclamo histórico y aseguró que a Barranquilla le fueron «usurpadas» desde la Asamblea del Atlántico más de mil hectáreas que, según su posición, deberían estar dentro del Distrito.
Puerto Colombia responde y reclama respeto
Desde Puerto Colombia la reacción no se hizo esperar.
El alcalde Plinio Cedeño llegó hasta Villa Campestre portando la bandera de su municipio y cuestionó las declaraciones de Char, al considerar que ningún mandatario puede dar por definida una delimitación que todavía está en trámite ante el Congreso.
Cedeño calificó como «temeraria» la declaración del alcalde de Barranquilla y sostuvo que podría tener consecuencias disciplinarias al, según su interpretación, invadir competencias que corresponden a las comisiones de ordenamiento territorial de Senado y Cámara.
«El concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, además de no ser vinculante, determinó que es la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República la autoridad que le compete definir los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia», afirmó el mandatario porteño.
De esta manera, Puerto Colombia mantiene su posición de que Villa Campestre, el Corredor Universitario y otros sectores objeto del litigio continúan siendo materia de definición legal.
¿Qué plantea el informe del IGAC?
El estudio técnico del IGAC analizó un área de aproximadamente 1.153 hectáreas, caracterizada por una transformación urbana acelerada y por una integración cada vez mayor entre las dinámicas de Barranquilla y Puerto Colombia.
La propuesta de delimitación toma como una de sus referencias el cauce funcional del arroyo León y plantea una modificación de la línea divisoria que tendría como consecuencia la incorporación de una parte importante de los sectores actualmente disputados a la jurisdicción de Barranquilla.
De acuerdo con el análisis del documento, el trazado propuesto significaría para el Distrito la incorporación de más de 1.000 hectáreas, aunque la cifra exacta y la delimitación final dependerán del proceso legislativo.
Entre los sectores y equipamientos que quedarían dentro del trazado propuesto para Barranquilla aparecen Villa Campestre, instituciones educativas, universidades, cementerios, centros comerciales, hoteles y clínicas, además de importantes áreas residenciales y de servicios.
Entre las instituciones educativas mencionadas dentro del área analizada están la Universidad del Atlántico, la Universidad Libre y la Universidad Sergio Arboleda, así como distintos colegios de la zona.
También aparecen equipamientos comerciales y de servicios que hacen parte de la dinámica cotidiana de miles de habitantes de Barranquilla y Puerto Colombia.
Mallorquín y Puerto Mocho, otro punto sensible
Uno de los elementos relevantes de la propuesta técnica es que mantiene dentro de la jurisdicción de Barranquilla sectores asociados a la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho, un ecosistema estratégico para el Distrito y que en los últimos años ha concentrado importantes inversiones públicas y proyectos de recuperación ambiental y turística.
Este punto resulta particularmente sensible porque la delimitación territorial no solo tiene efectos políticos o administrativos: también puede incidir en asuntos relacionados con planeación urbana, prestación de servicios, inversión pública, tributación y competencias administrativas y ambientales.
Un territorio que en la práctica ya funciona como uno solo
El informe del IGAC abre una nueva etapa en un litigio que lleva décadas y que se ha vuelto cada vez más complejo debido al crecimiento urbano de la zona metropolitana.
Hoy resulta difícil establecer una frontera visible entre ambos territorios en sectores como el Corredor Universitario y Villa Campestre. Miles de personas viven en un municipio, estudian o trabajan en otro y utilizan diariamente vías, servicios, centros comerciales y equipamientos ubicados en esta zona de transición.
Precisamente por eso, más allá de quién termine quedándose jurídicamente con cada hectárea, uno de los grandes desafíos será establecer mecanismos de coordinación entre ambas administraciones.
Por ahora, el mapa no está definitivamente dibujado.
El IGAC ya presentó su propuesta técnica, Barranquilla considera que el documento respalda su reclamación, Puerto Colombia insiste en que el territorio continúa bajo disputa y el Congreso tiene la responsabilidad de convertir esa propuesta en una decisión legal.
Así que, pese a los anuncios y contraanuncios, el litigio Barranquilla-Puerto Colombia todavía tiene varios capítulos por escribir. Y mientras Senado y Cámara estudian el asunto, los habitantes de Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad Mallorquín siguen esperando la respuesta a una pregunta que lleva años sobre la mesa: ¿de quién es finalmente este territorio?