Ecopetrol desvinculó en las últimas horas a María Andrea Vargas, quien se desempeñó como jefa de staff durante la administración de Ricardo Roa, en medio de una auditoría forense que revisa posibles irregularidades dentro de la compañía.
Según reveló SEMANA, Vargas tenía fuero sindical debido a su participación en negociaciones con el sindicato, pero fue notificada de su salida el pasado domingo. La investigación interna tendría entre sus líneas de revisión a la empresa familiar Sintiendo Huellas, una veterinaria ubicada en el norte de Bogotá.
El establecimiento, de acuerdo con fuentes citadas por el medio, habría sido utilizado para encuentros de funcionarios de alto nivel de Ecopetrol durante la administración de Roa. La versión sostiene que allí se habrían realizado reuniones por fuera de las instalaciones oficiales de la petrolera.
La veterinaria funcionaba en la calle 85 n.º 11-64 y fue constituida en 2019 por las hermanas Tatiana, María Alejandra y María Andrea Vargas Gómez.
Una sede que llamó la atención de los investigadores
De acuerdo con la reconstrucción publicada por SEMANA, personas conocedoras de esos encuentros aseguraron que vehículos oficiales y blindados llegaban al establecimiento y que los asistentes se desplazaban hasta un segundo piso.
Un exdirectivo citado por la publicación aseguró que en mayo de 2025 se realizó allí una reunión de emergencia en la que habrían participado vicepresidentes y funcionarios cercanos a la administración de Ecopetrol.
Sin embargo, Santiago Vargas Ramos, padre de las hermanas y empresario relacionado con diferentes sectores económicos, negó que la veterinaria hubiera funcionado como sede de reuniones de la cúpula de la petrolera.
Vargas sí reconoció, según SEMANA, que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, frecuentaba el establecimiento y había tenido relación laboral con la familia.
La situación adquirió mayor interés para los investigadores después del cierre de la sede física de Sintiendo Huellas. Aunque su matrícula mercantil continuaba activa, el establecimiento dejó de operar públicamente en el lugar.
Los registros financieros citados por SEMANA muestran además una caída significativa en sus cifras: en 2021 habría reportado ingresos por $813 millones y 21 empleados, mientras que para 2024 declaró cero ingresos, ningún trabajador y activos y patrimonio por alrededor de $3 millones.
La aparición de otra empresa
En medio de ese panorama surgió otra sociedad relacionada con el mismo círculo familiar.
El 2 de diciembre de 2024, María Alejandra Vargas constituyó Oslo y Gales SAS, una empresa cuyo nombre coincide con el de los gatos de Ricardo Roa y Julián Caicedo, según la investigación publicada por SEMANA.
La sociedad comenzó con un capital de $400 millones y posteriormente registró ingresos por $900 millones, activos superiores a $637 millones y 34 empleados, de acuerdo con los documentos citados por el medio.
No obstante, SEMANA señaló que no encontró una sede física identificada con ese nombre, ni página web, redes sociales o canales públicos de atención.
Otro aspecto que llamó la atención fue que, al momento de su creación, la compañía no figuraba inicialmente con la actividad de servicios veterinarios. Su objeto principal estaba relacionado con “otros servicios personales” y el secundario con transporte de carga por carretera.
En enero de 2026 se modificaron esas actividades para incluir servicios veterinarios, almacenamiento y depósito.
Las pruebas fueron enviadas a la Fiscalía
Según la publicación de este 21 de septiembre, el informe relacionado con las actuaciones de María Andrea Vargas habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación.
SEMANA también informó que las pruebas relacionadas con Vargas y Santiago Vargas fueron compulsadas al ente investigador, mientras la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol adelantaba verificaciones a partir de los hallazgos de la auditoría.
La existencia de una auditoría forense se enmarca en los mecanismos de control y cumplimiento de Ecopetrol, que cuenta con una Dirección Corporativa de Cumplimiento y con procesos de revisión interna y externa.
Por ahora, los elementos señalados en la investigación deben ser establecidos por las autoridades competentes. La remisión de información a la Fiscalía no equivale, por sí misma, a una declaración de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
El caso queda así bajo dos escenarios: las verificaciones internas de Ecopetrol y las actuaciones que eventualmente adelante la Fiscalía a partir de la información remitida.