La diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, volvió a levantar la voz ante la falta de respuesta de las autoridades tras el atentado con arma de fuego del que fue víctima a finales de marzo, y aseguró que su seguridad sigue sin ser garantizada pese a la gravedad de los hechos.
Jiménez, quien hace parte del Partido Verde, explicó que una semana después de que hombres armados atacaran la camioneta blindada que la transportaba en la vía entre Santa Marta y Ciénaga, las instituciones responsables aún no han activado medidas efectivas para proteger su vida.
En varias publicaciones en sus redes sociales, la diputada indicó que no se ha convocado un consejo de seguridad para analizar el atentado, ni se ha reforzado su esquema de protección pese a sus solicitudes formales dirigidas a organismos como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional.
Las autoridades no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre las exigencias de seguridad de Jiménez, lo que ha generado aún más preocupación en la opinión pública y entre otros líderes políticos del departamento.
Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta la diputada: en años anteriores ha denunciado amenazas, incluida la aparición de una corona fúnebre en su vivienda en 2021 y panfletos intimidantes en 2024, lo que subraya un contexto de riesgo persistente para líderes políticos en el Magdalena.
Organizaciones sociales y sectores políticos han reiterado el llamado a garantizar la seguridad de figuras públicas y a tomar acciones concretas para evitar que la violencia limite el ejercicio democrático en la región.