El exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego, quien llegó a presidir la Corte Suprema de Justicia, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en Bogotá para que cumpla la condena de seis años de prisión impuesta por su participación en el escándalo del Cartel de la Toga.
La captura se hizo efectiva en el búnker de la Fiscalía, después de que la Sala Penal de la Corte Suprema confirmara la sentencia condenatoria y se ordenara ejecutar la medida.
Tarquino fue hallado responsable de participar en una trama de corrupción judicial en la que se gestionaban beneficios procesales para personas investigadas a cambio de pagos ilegales. El caso comprometió a antiguos integrantes de las más altas instancias de la justicia colombiana.
La conexión con Alejandro Lyons
En la sentencia, la Corte estableció que Tarquino acordó con el entonces magistrado José Leonidas Bustos Martínez actuar como intermediario en gestiones relacionadas con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.
El expediente expuso el funcionamiento de una red que buscaba incidir en decisiones y actuaciones judiciales para beneficiar a procesados por hechos de corrupción. Las condenas derivadas de este caso golpearon la imagen de la Corte Suprema y pusieron bajo escrutinio las relaciones entre abogados, funcionarios judiciales y personas investigadas.
Tras hacerse efectiva la orden de captura, Tarquino quedó bajo custodia de la Fiscalía mientras se define el establecimiento en el que deberá cumplir la pena.
Un escándalo que alcanzó a antiguos presidentes de la Corte
El Cartel de la Toga también derivó en condenas contra Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos Martínez, ambos expresidentes de la Corte Suprema. Ricaurte cumple su pena en prisión, mientras Bustos permanece fuera de Colombia, según la información reportada sobre el caso.
Como consecuencia del escándalo, las fotografías de los tres antiguos presidentes fueron retiradas del mural histórico de la corporación.
La captura de Tarquino materializa la ejecución de una condena por corrupción judicial y vuelve a poner en primer plano uno de los episodios más graves de pérdida de confianza en las instituciones judiciales del país.