El deterioro del puente peatonal ubicado frente al INEM, sobre la calle 30 y en uno de los corredores viales más transitados entre Barranquilla, Soledad y el aeropuerto Ernesto Cortissoz, vuelve a generar preocupación entre estudiantes, padres de familia y usuarios de la vía.
Esta vez, la discusión gira alrededor de una pregunta concreta: ¿quién tiene actualmente la responsabilidad de intervenir la estructura?
La Alcaldía de Soledad sostiene que la respuesta está en documentos oficiales que, según la administración municipal, identifican el puente como una infraestructura a cargo del departamento.
De acuerdo con el inventario correspondiente a la entrega de infraestructura realizada en 2008, el denominado “puente peatonal (INEM)” aparece registrado expresamente como “a cargo del departamento”.
La administración municipal también cita el Acta ANI-INVIAS del 24 de julio de 2024, documento en el que se habría dejado constancia del avanzado deterioro de la estructura y de que esta no hizo parte de la infraestructura entregada, precisamente por tratarse, según ese registro, de un bien departamental.
A esto se suma un radicado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fechado el 9 de junio de 2026, mediante el cual, según la Alcaldía, se reiteró que el puente no hacía parte de la concesión 008 de 2007.
Una estructura que lleva años en deterioro
El puente tendría más de tres décadas de construido y en diferentes momentos ha sido objeto de cierres preventivos.
Desde junio de 2024, inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas de Soledad habrían advertido condiciones como corrosión en elementos de acero, pérdida de concreto y deterioro general de la infraestructura.
El problema no se limita al estado físico del puente.
Con el paso peatonal inhabilitado, estudiantes, trabajadores y demás usuarios se han visto obligados a cruzar la calle 30 directamente por la calzada, en un corredor caracterizado por un elevado flujo vehicular.
La situación adquirió mayor preocupación el pasado 17 de septiembre, cuando un menor resultó atropellado mientras intentaba cruzar la vía, según lo reportado por las autoridades locales.
La Secretaría de Educación de Soledad ha señalado, además, que más de 8.500 estudiantes de al menos cuatro instituciones educativas, entre ellas el INEM y el ITIDA, se movilizan diariamente por este sector.
El plantón que volvió a poner el problema en primer plano
Este lunes 21 de septiembre, padres de familia y miembros de la comunidad realizaron un plantón que ocasionó el cierre temporal de la calle 30 en ambos sentidos.
Los manifestantes reclamaron la reconstrucción del puente y pidieron que las autoridades pasen de los anuncios y estudios a una solución concreta.
La protesta también generó afectaciones en la movilidad hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz, poniendo nuevamente en evidencia que el deterioro de la estructura no es solamente un problema de infraestructura, sino también de seguridad vial y movilidad.
Gobernación y Alcaldía mantienen posiciones diferentes
La controversia, sin embargo, no termina con los documentos presentados por la Alcaldía.
Desde la Gobernación del Atlántico se ha señalado previamente que existen estudios y diseños para intervenir el puente y que se vienen estructurando mecanismos presupuestales para ejecutar el proyecto.
Al mismo tiempo, desde la administración departamental se ha planteado que la estructura se encuentra ubicada sobre una vía de carácter nacional cuya responsabilidad estaría relacionada con Invías.
La Alcaldía de Soledad sostiene una posición diferente y considera que la documentación oficial individualiza la responsabilidad sobre el puente como departamental.
Por eso, el debate no parece estar únicamente en quién tiene la razón, sino en determinar qué dicen exactamente los actos administrativos, inventarios, actas y competencias vigentes sobre la estructura.
Las preguntas que siguen sin una respuesta clara
Mientras las entidades discuten las competencias, la estructura continúa cerrada y los estudiantes siguen expuestos al riesgo de cruzar una vía de alto tráfico.
Y allí aparecen varios interrogantes que reclaman respuestas oficiales:
Si desde 2008 el puente aparece registrado como infraestructura a cargo del departamento, ¿por qué después de tantos años continúa sin una intervención definitiva?
Si en 2024 ya se había documentado una condición extrema de deterioro, ¿qué acciones concretas se adoptaron desde entonces?
¿Qué entidad tiene actualmente la competencia legal y presupuestal para reconstruir el puente?
Si existen estudios y diseños, ¿en qué estado se encuentra el proyecto y cuál es el cronograma real para su ejecución?
¿Qué ocurrió con la etapa precontractual que, según la Alcaldía, se habría adelantado en 2025?
Y mientras Gobernación, Alcaldía, ANI e Invías determinan responsabilidades, ¿quién responde por la seguridad de los miles de estudiantes y peatones que deben atravesar la calle 30?
La discusión administrativa puede continuar, pero para las familias que utilizan diariamente este corredor el problema es inmediato: el puente está cerrado, la vía sigue operando con alto flujo vehicular y todavía no existe una solución estructural terminada.
El reto ahora está en que las entidades involucradas hagan públicos los documentos que sustentan sus respectivas posiciones y definan, sin más dilaciones, quién debe ejecutar la intervención y bajo qué recursos.
Porque más allá de la disputa sobre competencias, queda una pregunta que la comunidad mantiene sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar el puente del INEM para volver a ser una ruta segura para los estudiantes?