La Contraloría General de la República configuró hallazgos fiscales por más de $21.000 millones en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta, tras una auditoría de cumplimiento al Ministerio de Transporte sobre el manejo de recursos nacionales transferidos al proyecto.
Según el organismo de control, el principal hallazgo asciende a $19.840 millones y tiene presunta incidencia disciplinaria. Este está relacionado con un contrato firmado en 2023 para la puesta en marcha del sistema de recaudo centralizado, control de flota e información al usuario. Aunque el contrato fue pagado en su totalidad, a junio de 2025 no existe evidencia de la entrega ni del funcionamiento de los equipos tecnológicos, lo que impidió cumplir el objeto contractual.
Adicionalmente, la Contraloría estableció un segundo hallazgo fiscal por $1.250 millones, también con presunta incidencia disciplinaria, correspondiente al contrato de interventoría. En este caso, se evidenció que la interventoría incumplió sus deberes al no advertir ni reportar oportunamente las irregularidades en la ejecución del contrato, ni recomendar medidas correctivas o sancionatorias, pese a haber avalado los pagos.
La auditoría, que revisó las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025, también evidenció fallas graves en la supervisión y el seguimiento tanto por parte del Ministerio de Transporte como del ente gestor del SETP en Santa Marta. Entre los puntos críticos figura la falta de acciones frente a las recomendaciones técnicas de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).
Asimismo, el organismo alertó sobre irregularidades en la entrega del sistema, ya que parte de esta se habría realizado de manera virtual y sin un acta técnica formal que certificara los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, como lo exige el contrato. Pese a los desembolsos realizados, el Sistema de Operación no se encuentra en funcionamiento.
La Contraloría reiteró que continuará ejerciendo vigilancia estricta para proteger los recursos públicos y garantizar su correcta ejecución, en defensa del patrimonio del Estado y del interés general.