El organismo de control advirtió que la megaobra lleva casi dos años y medio terminada sin prestar servicio, lo que configura una multimillonaria pérdida de recursos públicos.
La Contraloría General de la República notificó un hallazgo con incidencia fiscal por $824.960 millones en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tras verificar que el nuevo Viaducto Chirajara se encuentra completamente paralizado en términos operativos.
A pesar de que los trabajos de reconstrucción e infraestructura finalizaron hace aproximadamente dos años y medio, la estructura clave para la conectividad entre Bogotá y los Llanos Orientales continúa sin entrar en funcionamiento.
El sustento del hallazgo fiscal
Según el organismo de control, la falta de puesta en funcionamiento de esta importante infraestructura vial habría generado un presunto detrimento patrimonial, al mantenerse una obra finalizada sin prestar el servicio para el cual fue construida.
La Contraloría señaló que el hallazgo hace parte de las actuaciones de control fiscal encaminadas a verificar el uso eficiente de los recursos públicos y establecer las posibles responsabilidades derivadas del retraso en la entrada en operación del viaducto.
El proceso continuará con las actuaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades fiscales por parte de los funcionarios o entidades involucradas en la ejecución y puesta en servicio de la obra.
El Viaducto Chirajara es una infraestructura estratégica para la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales, por lo que su prolongada inactividad ha sido objeto de seguimiento por parte de los organismos de control y de cuestionamientos debido al impacto que genera sobre la movilidad y el aprovechamiento de la inversión pública.
Para el ente de control, la omisión en la puesta en marcha de la infraestructura representa una ineficiencia en la gestión de los recursos del Estado, generando los siguientes impactos:
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Lucro cesante y detrimento patrimonial: La inversión realizada no está prestando el servicio público para el cual fue presupuestada, congelando un capital multimillonario.
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Afectación a la movilidad nacional: Mantiene los cuellos de botella en la vía al Llano, impactando directamente el transporte de carga, el comercio y la economía regional.
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Responsabilidad de la ANI: La agencia deberá responder por las demoras administrativas, técnicas o contractuales que han impedido la habilitación y entrega formal del puente a los usuarios.