El Clan del Golfo, organización que se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), respondió al ultimátum formulado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien otorgó un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para organizar su sometimiento al Estado, advirtiendo que no habrá concesiones extraordinarias durante su gobierno.
A través de una carta dirigida al mandatario electo, el grupo aseguró que el debate no gira en torno a si se someterá a la justicia, sino a las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse ese proceso.
«La cuestión no radica en si nos acogemos a la justicia, conscientes de que esto será inevitable en algún momento, sino en las condiciones bajo las cuales lo haremos», señala el documento, en el que también reclama garantías jurídicas y de seguridad para sus integrantes, así como medidas que beneficien a las comunidades donde mantiene presencia.
En la misiva, el EGC cuestiona el marco legal vigente para un eventual sometimiento y sostiene que las normas actuales no ofrecen suficientes garantías para una organización de su tamaño. En ese sentido, propone la creación de un mecanismo jurídico que permita una transición con seguridad jurídica, verdad plena, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
Como argumento, la organización hace referencia al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirmando que, más de dos décadas después, muchos exintegrantes aún enfrentan dificultades para acceder a derechos básicos y completar su proceso de reincorporación.
El Clan del Golfo también reiteró su disposición a mantener conversaciones con el nuevo gobierno y manifestó que está dispuesto a recibir al comisionado de paz que designe la administración de Abelardo de la Espriella para explorar un eventual proceso.
Además, planteó que Estados Unidos y el Reino Unido participen como acompañantes internacionales, argumentando que ambos países podrían contribuir a la transformación de las economías ilegales presentes en los territorios donde opera la organización y brindar respaldo a un eventual proceso de sometimiento.
La carta se conoce en medio de la transición presidencial y del anuncio del gobierno entrante de adoptar una política más estricta frente a las organizaciones armadas ilegales, dejando claro que cualquier acercamiento deberá realizarse dentro del marco del Estado de derecho y sin beneficios que considere desproporcionados.