Un fuerte cruce institucional se desató en enero de 2026 entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Barranquilla, luego de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Hidalgo, respondiera de manera contundente al alcalde Alejandro Char y anunciara la suspensión del traslado de cabecillas criminales, al tiempo que exigió explicaciones por el manejo de $78.000 millones recaudados a través del impuesto de seguridad.
A través de su cuenta oficial en X, el ministro rechazó lo que calificó como una tergiversación de los hechos por parte del mandatario distrital y defendió las decisiones adoptadas por el Ejecutivo frente a la crisis de violencia en la capital del Atlántico. Según Idárraga, el Gobierno nacional tuvo que intervenir ante una situación que la administración local “no logró contener”.
El jefe de la cartera de Justicia aseguró que, gracias a decisiones “difíciles”, entre ellas diálogos de paz con estructuras criminales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, se logró una reducción del 57 % en los homicidios y del 84 % en los casos de extorsión hacia finales de 2025, cifras que atribuyó al Ministerio de Defensa y a una ofensiva policial sostenida.
Idárraga fue más allá y señaló que Barranquilla cerró 2024 como el año más violento de las últimas dos décadas, con 487 homicidios, y recordó que la extorsión ya había aumentado un 458 % entre 2021 y 2023. “Las cifras de la Policía no son opinión”, enfatizó, cuestionando el discurso de la Alcaldía.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento fue la exigencia directa al alcalde Char para que rinda cuentas sobre los $78.000 millones del impuesto a la seguridad que pagan los ciudadanos del Atlántico. El ministro subrayó que este monto representa casi la mitad del recaudo departamental y que, pese a esos recursos, la ciudad alcanzó sus peores indicadores de violencia en 20 años.
En medio de este escenario, el Gobierno nacional anunció la suspensión del traslado de cabecillas detenidos, argumentando la necesidad de una coordinación institucional real entre el INPEC, la Policía Nacional, la Alcaldía de Barranquilla y las autoridades del Atlántico, con el fin de garantizar vigilancia estricta y control permanente.
Finalmente, el ministro reiteró que la estrategia de paz del Gobierno no implica concesiones automáticas y que las estructuras criminales deberán demostrar resultados verificables en la reducción de la violencia. “La prioridad es proteger a la ciudadanía”, concluyó, dejando claro que no habrá contemplaciones con quienes continúen sembrando miedo en Barranquilla.