En un nuevo capítulo de la tensión pensional en Colombia, la Superintendencia Financiera (SFC), bajo la línea directa del Presidente Gustavo Petro, ha formalizado una investigación contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El foco del conflicto: la retención de $8.7 billones de pesos que, según el Gobierno, pertenecen a Colpensiones.
Los puntos clave del conflicto:
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La Orden Presidencial: La SFC actúa siguiendo instrucciones explícitas del Ejecutivo para rastrear los recursos de 32,803 afiliados que ya han consolidado su derecho a la pensión pero cuyos ahorros no han sido transferidos.
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El Freno Judicial: Esta investigación se produce apenas días después de que el Consejo de Estado suspendiera el Decreto 415, el cual pretendía forzar el traslado de hasta $25 billones de las AFP a la entidad pública.
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La Disputa Legal: Mientras el Gobierno busca liquidez inmediata para el sistema público, el Consejo de Estado advierte que estas medidas podrían vulnerar la Ley 2381 de 2024, la cual estipula que el dinero debe permanecer en los fondos privados hasta la jubilación efectiva del afiliado.
Un escenario de alta tensión
La situación se complica por la «alta fragmentación política» que vive el país. En paralelo, figuras de la oposición como Paloma Valencia han sumado ruido al debate tras denunciar presuntos desvíos millonarios en otras carteras como MinDefensa.
Actualmente, 24,331 personas ya están recibiendo su mesada de Colpensiones, a pesar de que el capital que respalda esas pensiones sigue en manos de los fondos privados debido a los bloqueos jurídicos actuales.