Las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer adquirieron una nueva dimensión internacional después de que el periodista Juan Esteban Silva asegurara que un portavoz del Gobierno de Donald Trump le confirmó que Estados Unidos está al tanto de los reportes sobre el supuesto transporte de narcóticos hacia Venezuela en un avión oficial y el presunto regreso a Colombia con 2,5 millones de dólares.
La información, divulgada por Silva en su cuenta de X y reseñada por la revista SEMANA este miércoles 14 de octubre, vuelve a poner bajo escrutinio público las acusaciones contra la ex primera dama, quien ha sido señalada por su antigua colaboradora de presuntamente participar en movimientos de droga y dinero entre ambos países.
No obstante, hay una diferencia clave: la supuesta confirmación de que Washington conoce las denuncias no equivale a una verificación oficial de los hechos ni demuestra que exista una investigación penal abierta en Estados Unidos contra Alcocer por esos señalamientos.
Las declaraciones que desataron la controversia
El origen de la polémica está en una entrevista de Eva Ferrer con Vicky Dávila, en la que la exasesora presidencial afirmó que Alcocer habría utilizado vuelos oficiales para transportar estupefacientes a Venezuela y regresar con dinero en efectivo.
Ferrer aseguró que los desplazamientos no habrían sido aislados y mencionó la existencia de fotografías de la ex primera dama descendiendo de un avión con maletas que, según su versión, contendrían droga. También vinculó los presuntos movimientos de dinero con personas que, afirmó, habrían tenido conocimiento de esas operaciones.
La exasesora sostuvo que parte de la logística de los viajes se habría manejado de manera confidencial. Sin embargo, los señalamientos expuestos en la entrevista requieren corroboración independiente y no pueden considerarse pruebas concluyentes por sí solos.
La respuesta atribuida al Departamento de Estado
En su publicación, Silva afirmó que el Gobierno estadounidense le confirmó que conocía los reportes sobre las acusaciones. También señaló que el portavoz hizo referencia a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y a la cooperación bilateral entre Washington y Bogotá.
Ese punto requiere especial precisión. Una sanción administrativa impuesta por la OFAC tiene un alcance específico y no constituye, por sí misma, una condena penal por cada acusación que posteriormente se divulgue contra una persona.
La información difundida tampoco permite establecer, por ahora, si las autoridades estadounidenses han abierto una investigación formal sobre los supuestos vuelos, si han solicitado información a Colombia o si disponen de pruebas que respalden las afirmaciones de Ferrer.
Las preguntas que siguen sin respuesta
El caso plantea interrogantes sobre los registros de los vuelos mencionados, la identidad de sus pasajeros, la naturaleza de la carga transportada y el presunto movimiento de 2,5 millones de dólares. También será necesario determinar si existen documentos, fotografías, registros financieros u otros elementos que permitan confirmar o descartar las acusaciones.
La eventual intervención de autoridades estadounidenses dependerá de sus propias verificaciones y decisiones. En Colombia, cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes y con respeto al debido proceso.
Por ahora, la novedad es la declaración atribuida a un portavoz del Gobierno Trump sobre el conocimiento de los reportes. Lo que falta por esclarecer es si ese conocimiento se traducirá en una investigación formal y, sobre todo, si las acusaciones contra Verónica Alcocer pueden sustentarse con pruebas verificables.