En Santa Marta, el alcalde Carlos Pinedo Cuello parece haber olvidado que la libertad de prensa es pilar de la democracia. En un acto que periodistas y ciudadanos ya califican como dictatorial, al parecer, Pinedo ordenó restringir el ingreso a las instalaciones de la Alcaldía Distrital a Luz Marina Esper, directora del histórico Diario La Libertad, como represalia por reclamar una deuda de la alcaldía y por su cercanía con los naranjas.
La situación se agrava con el silencio y evasivas del secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez, quien se escuda en tecnicismos presupuestales para no pagar la facturación del año 2023 que asciende a $100.000.000 a Impresores La Libertad CRP S.A.S. por prestación de serrvicios bajo el concepto de apoyo a la gestión en la ejecución e implementación del plan de comunicaciones divulgadas de las actividades institucionales. Su argumento: que las vigencias expiradas requieren trámite ante el Concejo Distrital para ser reconocidas como pasivo exigible.
Sin embargo, la propia directora del medio presentó el derecho de petición correspondiente, recibiendo de algunos concejales la respuesta obvia: la deuda es una obligación causada y debe pagarse. Y aquí surge el escándalo: otros medios de comunicación sí han recibido el pago sin tanto trámite, mientras a La Libertad se le bloquea deliberadamente.
Este comportamiento deja en evidencia un trato discriminatorio, un veto político-mediático y una peligrosa señal de cómo la actual administración usa los recursos públicos y el acceso a la información como herramientas de castigo contra quienes no se alinean con sus intereses.
La pregunta que queda en el aire es simple pero contundente: ¿Gobierna Carlos Pinedo para toda Santa Marta o solo para sus aliados políticos?
