La ilusión de la seguridad y el laberinto de la política

En la política contemporánea, el relato suele ganarle la batalla a la realidad, al menos hasta que los hechos se vuelven demasiado ruidosos como para ser ignorados. Hace solo unos días, Santa Marta asistía al libreto habitual: ruedas de prensa, fotografías oficiales y discursos triunfalistas que celebraban la captura de un presunto cabecilla criminal. La narrativa institucional vendía un mensaje de control y avance. Sin embargo, la realidad tardó muy poco en desmontar el decorado.

La fuga de 25 reclusos de un centro de detención transitorio no es solo una cifra alarmante; es una contradicción flagrante que desnuda las costuras del sistema de seguridad local. El contraste es casi macabro para el ciudadano de a pie: mientras el Estado invierte recursos y meses de inteligencia en capturar a un objetivo, la desidia o la precariedad institucional permiten que veinticinco personas privadas de la libertad regresen a las calles en un abrir y cerrar de ojos.

La pregunta que flota en el ambiente samario es tan obvia como incómoda: ¿De qué sirve la efectividad policial en la captura si el sistema es incapaz de garantizar la custodia?

El peligro de la costumbre

Lo verdaderamente preocupante de este episodio no es su espectacularidad, sino su alarmante falta de novedad. Las fugas en los centros de reclusión temporal han dejado de ser anomalías para convertirse en síntomas de una enfermedad crónica: el hacinamiento, la falta de presupuesto y la debilidad en los protocolos de vigilancia.

Cada recluso que escapa representa un fracaso burocrático, pero también un riesgo directo para una ciudadanía que observa, con justa frustración, cómo los esfuerzos por judicializar el delito se diluyen entre los barrotes flojos de la infraestructura estatal.

Distracciones en el escenario político

Mientras la crisis de seguridad exige atención inmediata y soluciones técnicas, la agenda pública de la ciudad parece secuestrada por el ruido electoral y las dinámicas proselitistas. En los pasillos institucionales se respira más clima de campaña que de gestión.

Por un lado, sectores afines a la administración distrital concentran sus energías en impulsar la figura del candidato presidencial Abelardo de la Espriella bajo el eslogan “Firmes por la Patria”, una movida que ha encendido las alarmas por el uso de tarimas públicas para fines electorales. Por el otro, el Concejo Distrital se convirtió en un ring de boxeo ético tras las controvertidas declaraciones del concejal conocido como el ‘Cura’ Ordóñez, cuyas posturas han motivado que los organismos de control pongan la lupa sobre los límites entre el ejercicio del debate y el proselitismo descarado.

Incluso los grandes proyectos de infraestructura, como la urgente planta desalinizadora destinada a mitigar la histórica escasez de agua en la ciudad, terminan atrapados en este fuego cruzado de interpretaciones políticas: entre quienes denuncian un bloqueo intencional al proyecto y quienes argumentan demoras justificadas por estrictos estudios técnicos.

Los hechos no tienen color político

La paradoja samaria: La ciudad se debate diariamente entre discursos de salvación nacional, debates de micrófonos en el Concejo y promesas de agua, mientras en los barrios la realidad se mide en la zozobra de saber que 25 delincuentes volvieron a caminar por las mismas calles de siempre.

La seguridad pública no se consolida con eslóganes de campaña ni se soluciona en los atriles de la confrontación partidista. Se mide en resultados concretos, en la solidez de sus instituciones y en la capacidad real del Estado para ejercer autoridad.

Hoy, el panorama en Santa Marta es un recordatorio de que las balas, el miedo y las fallas del sistema no entienden de cálculos electorales. Los hechos hablan por sí solos, y lo que dicen hoy es que la ciudad necesita menos retórica política y mucha más gestión institucional.