La creciente percepción de inseguridad en el departamento del Atlántico volvió a encender las alarmas en la Asamblea Departamental, donde no solo se expuso la preocupación por el aumento de hechos delictivos, sino que también se cuestionó directamente la falta de resultados concretos por parte de la administración del gobernador Eduardo Verano de la Rosa.
El diputado Roberto Rodríguez advirtió que la situación en varios municipios sigue siendo crítica, pese a los reiterados llamados a las autoridades encargadas de la seguridad. Desde la corporación, se ha insistido en la necesidad de respuestas claras por parte del comando de la Policía y la Secretaría del Interior, ante una problemática que golpea diariamente a la ciudadanía.
Como respuesta a este panorama, ya fue anunciado un debate de control político en la Asamblea, en el que se espera la comparecencia de funcionarios departamentales para que expliquen qué acciones se están ejecutando y cuáles han sido los resultados reales frente a delitos como la extorsión y los homicidios.
Sin embargo, más allá del anuncio del debate, lo que empieza a generar mayor inconformidad es la percepción de una administración que no logra contener la escalada de inseguridad. Municipios como Baranoa, Sabanalarga y sus zonas aledañas continúan reportando casos de extorsión de manera constante, mientras los hechos violentos siguen afectando la tranquilidad de las comunidades.
El impacto ya no es solo social, sino también económico. Comerciantes, emprendedores y sectores productivos advierten que la inseguridad está frenando el desarrollo local, generando miedo y afectando la actividad diaria en diferentes municipios del departamento.
Así las cosas, surgen cuestionamientos inevitables sobre el liderazgo del gobierno departamental, Eduardo Verano De La Rosa. Mientras la ciudadanía exige soluciones, crece la sensación de que las estrategias implementadas no están dando los resultados esperados, lo que pone en duda la efectividad de la gestión en materia de seguridad.
El debate anunciado se perfila como un escenario clave para establecer responsabilidades. La Asamblea ha sido clara: la insistencia continuará hasta que se evidencien cambios reales en los indicadores y se recupere la confianza de los atlanticenses.
Por ahora, la gran pregunta sigue en el aire:
¿quién responde por la seguridad en el Atlántico?