La declaración de culpabilidad de Alex Nain Saab Morán ante una corte federal de Miami vuelve a poner bajo los reflectores el millonario patrimonio que durante años estuvo bajo investigación en Colombia, entre ellos una lujosa mansión ubicada en el norte de Barranquilla.
El empresario colombiano, cercano al régimen de Nicolás Maduro, se declaró culpable el pasado 15 de septiembre de 2026 de conspirar para lavar dinero proveniente de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contratos públicos venezolanos. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense, Saab aceptó entregar aproximadamente 195 millones de dólares y colaborar con investigaciones federales en curso.
El giro judicial en Estados Unidos contrasta con lo ocurrido en Colombia alrededor de siete inmuebles que habían sido sometidos a medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio.
La mansión de más de 3.000 metros cuadrados
En 2020, la Fiscalía General de la Nación tomó posesión de una mansión de más de 3.000 metros cuadrados ubicada en el barrio Riomar, en Barranquilla, además de otros seis inmuebles relacionados con Saab.
El conjunto de bienes estaba avaluado en aproximadamente 35.000 millones de pesos y la propiedad principal contaba con numerosas comodidades, entre ellas piscina, sauna, gimnasio, sala de cine, spa y cancha de tenis.
Los siete inmuebles figuraban a nombre de la sociedad Promotora Dubera S.A.S., estructura empresarial sobre la cual se centró parte de la discusión judicial.
Sin embargo, el proceso de extinción de dominio tomó un rumbo diferente al esperado por la Fiscalía.
En enero de 2025, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla negó la extinción de dominio solicitada sobre los siete inmuebles y ordenó levantar los embargos que pesaban sobre ellos.
La Fiscalía 36 Especializada en Extinción de Dominio y el Ministerio Público apelaron la decisión.
Tribunal confirmó la decisión
El caso llegó a la Sala de Decisión Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, que en septiembre de 2026 confirmó el fallo de primera instancia.
De acuerdo con la decisión, no se acreditaron los elementos necesarios para declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre los bienes. Los magistrados consideraron que la forma en que Saab habría movilizado recursos económicos no permitía, por sí sola, concluir que los inmuebles fueran producto de actividades ilícitas.
En otras palabras, el tribunal consideró que las sospechas sobre determinados movimientos dentro de la cadena económica no eran suficientes para demostrar el origen ilícito de los bienes bajo los estándares exigidos en el proceso de extinción de dominio.
Ahora aparece un nuevo elemento desde Estados Unidos
La decisión colombiana adquiere una nueva dimensión tras el reciente acuerdo judicial de Saab en Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab admitió haber participado durante casi una década en un esquema destinado a obtener contratos del programa venezolano CLAP para importar alimentos y medicinas, mediante empresas controladas secretamente por los conspiradores y el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el empresario aceptó la responsabilidad por un esquema de lavado relacionado con esos recursos y acordó el decomiso de aproximadamente US$195 millones, además de cooperar con las investigaciones.
Esto no significa automáticamente que la declaración de culpabilidad en Estados Unidos modifique el fallo colombiano sobre los siete inmuebles. Son procesos judiciales diferentes, con hechos, pruebas y estándares jurídicos propios.
El recorrido judicial de Saab
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, cuando el avión en el que viajaba hizo una escala para abastecerse de combustible. Venezuela reclamó entonces su liberación y sostuvo que el empresario tenía condición diplomática.
Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso por lavado de activos. En diciembre de 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
En 2026, Saab volvió a quedar en manos de las autoridades estadounidenses y terminó modificando su posición frente a los cargos que enfrentaba. El 15 de septiembre se declaró culpable ante una jueza federal de Miami.
La admisión de culpabilidad y el compromiso de cooperación con las autoridades estadounidenses abren ahora un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las operaciones financieras de Saab.
Mientras tanto, en Colombia, los siete inmuebles que fueron objeto del proceso de extinción de dominio quedaron fuera de esa medida después de que los jueces de primera y segunda instancia concluyeran que no se había demostrado jurídicamente el origen ilícito de los bienes.
El contraste entre ambos escenarios deja abierta una pregunta de interés: ¿qué efectos, si alguno, podría tener la nueva confesión judicial de Saab en Estados Unidos sobre futuras investigaciones patrimoniales en Colombia? Por ahora, cualquier eventual actuación tendría que partir de nuevas pruebas y de las competencias de las autoridades colombianas.