Los intentos de particulares por apropiarse de terrenos ubicados en la zona costera del Atlántico no serían un fenómeno reciente. Nuevos detalles conocidos sobre uno de estos casos revelan cómo se habría intentado legalizar la propiedad de un extenso predio mediante documentos cuya autenticidad fue cuestionada por las autoridades.
El caso se remonta a una supuesta cesión realizada en 2005 sobre un terreno de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, ubicado en inmediaciones de Puerto Colombia, en un sector cercano al mar y al límite con el municipio de Tubará.
La situación volvió a ser conocida por las autoridades en 2023, cuando el área jurídica de la Alcaldía de Puerto Colombia recibió una solicitud para inscribir en la base catastral municipal un predio identificado con la matrícula inmobiliaria 040-615435.
Según la documentación presentada en ese momento, la supuesta cesión del terreno se habría realizado mediante la Resolución 1164 del 30 de marzo de 2005.
Sin embargo, al revisar sus registros internos, la Alcaldía de Puerto Colombia no encontró antecedentes que demostraran que dicho inmueble hubiera pertenecido o perteneciera al inventario de predios fiscales municipales.
La administración municipal tampoco logró acreditar la existencia de las resoluciones mencionadas en la solicitud, situación que encendió las alarmas y llevó a advertir sobre una posible falsedad material en documento público y eventual fraude procesal.
El caso también llegó a la Oficina de Catastro de la Subdirección de Planeación del Área Metropolitana de Barranquilla.
De acuerdo con la información conocida, desde 2021 particulares habían intentado radicar la matrícula inmobiliaria correspondiente al terreno, localizado a orillas del mar y adyacente a una ciénaga.
Funcionarios de Catastro realizaron una visita al lugar y determinaron que no era procedente registrar el predio, debido a que se estaría intentando incorporar terrenos que, según la verificación realizada, pertenecerían a la Nación.
Ante las inconsistencias encontradas, se solicitó a la Alcaldía de Puerto Colombia verificar la autenticidad de las resoluciones utilizadas para sustentar la supuesta propiedad y establecer si se trataba de documentos originales o falsificados.
Pero el caso tenía otro elemento que llamó especialmente la atención de los funcionarios: el mismo terreno habría sido presentado para inscripción por dos personas diferentes y con matrículas distintas.
Esta situación generó una alerta adicional, debido a que un mismo inmueble no puede aparecer registrado simultáneamente a nombre de dos propietarios diferentes mediante matrículas inmobiliarias distintas.
Por estas razones, la Oficina de Catastro decidió no efectuar la inscripción solicitada y el proceso quedó frenado.
El episodio se suma a otros casos que han puesto bajo la lupa la situación de terrenos ubicados en la zona costera del Atlántico, donde se han denunciado diferentes maniobras encaminadas a obtener el control de predios de gran extensión.
Entre los casos más recientes aparecen un terreno de 5.082 metros cuadrados que habría sido cedido al particular Francisco Javier Pizarro Guerra y otro de 33.637 metros cuadrados entregado a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
Las situaciones han generado preocupación debido a que involucran áreas estratégicas de la franja costera y plantean interrogantes sobre los mecanismos utilizados para intentar convertir terrenos de la Nación en propiedades particulares.
El caso de los 20.000 metros cuadrados representa, además, un ejemplo de cómo las autoridades catastrales y municipales pueden detectar inconsistencias documentales antes de que un predio sea incorporado formalmente a los registros.
La advertencia permanece vigente para las autoridades de Puerto Colombia, el Área Metropolitana y los demás municipios costeros del Atlántico, donde se mantiene la vigilancia sobre posibles maniobras de particulares que pretendan apropiarse de terrenos públicos mediante documentación irregular.
Mientras se esclarecen estos casos, las inconsistencias detectadas en el predio de 20.000 metros cuadrados impidieron que la operación avanzara y evitaron, al menos en este caso, que el terreno fuera incorporado al catastro como propiedad privada.