El uso de drones con explosivos por parte de grupos armados se ha convertido en una creciente amenaza para la Fuerza Pública y la población civil en Colombia. Un informe de inteligencia internacional, señala que durante 2026 se han registrado 418 ataques, cifra que representa un incremento del 125 % frente al mismo periodo de 2025, según ese consolidado.
El reporte ubica a Cauca como el departamento más afectado, con 243 ataques, equivalentes a cerca del 58 % del total señalado en el informe. Le siguen Norte de Santander, con 45 casos; Valle del Cauca, con 33; Chocó, con 31; Nariño, con 12, y Antioquia, con 10.
La expansión de esta modalidad refleja el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar explosivos y atacar objetivos a distancia. De acuerdo con el informe, las principales estructuras señaladas por este tipo de acciones son las disidencias de las Farc y el ELN.
Entre los hechos más graves registrados durante el año aparece un ataque ocurrido el 28 de febrero en el sur de Bolívar, que dejó ocho militares heridos. También se reportó el atentado del 29 de junio en El Tarra, Norte de Santander, donde murió un soldado y otros cuatro uniformados resultaron heridos.
La dimensión de la amenaza también ha sido documentada por organismos internacionales. Naciones Unidas registró 121 ataques entre enero y mayo de 2026 en Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca. Esos hechos dejaron, durante ese periodo, 21 personas muertas y 145 heridas. Del total de afectados, el 59 % correspondía a integrantes del Ejército, el 9 % a miembros de la Policía y el 32 % a población civil.
Sin embargo, existen diferentes bases de datos y metodologías para contabilizar estos ataques. Un consolidado de inteligencia militar conocido recientemente registra 176 ataques con drones cargados con explosivos entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, dentro de un acumulado de 442 hechos desde 2024. Ese registro reporta 108 ataques en 2024, 158 en 2025 y 176 durante 2026.
Este último consolidado también muestra que Cauca continúa siendo el principal escenario de este tipo de acciones, con 244 casos acumulados entre 2024 y el 1 de octubre de 2026, seguido por Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. En total, los ataques contabilizados en ese periodo dejaron 25 personas muertas y 356 heridas.
Ante el crecimiento de esta modalidad, el Gobierno ha anunciado el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones, estrategia que contempla sistemas destinados a detectar y contrarrestar este tipo de amenazas.
A esto se suma un proyecto presentado ante el Congreso para establecer controles sobre la importación, fabricación, comercialización, adquisición y utilización de drones en el país.
El desafío para las autoridades no solo está en detectar las aeronaves, sino también en impedir que dispositivos de uso comercial sean adaptados por organizaciones armadas para realizar ataques contra instalaciones militares, policiales o población civil.
Las cifras conocidas evidencian que el uso de drones en el conflicto colombiano dejó de ser un fenómeno aislado y se ha convertido en una de las modalidades empleadas por los grupos armados para atacar a distancia, particularmente en regiones donde mantienen presencia y disputas por el control territorial.