El representante a la Cámara Daniel Briceño deberá cumplir una sanción de un día de arresto luego de que un juzgado de Bogotá determinara que no cumplió de manera integral una orden judicial relacionada con la retractación de unas afirmaciones realizadas contra Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
La decisión fue adoptada en segunda instancia por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la sanción impuesta dentro del incidente de desacato. El proceso se originó en una tutela mediante la cual Cuartas pidió la protección de sus derechos al buen nombre, la honra y la rectificación.
El origen de la controversia se encuentra en unas declaraciones de Briceño en las que afirmó que Cuartas había gastado cerca de $250.000 millones en eventos políticos. La orden judicial estableció que esa afirmación era inexacta y que, además, varios de los eventos mencionados correspondían a fechas anteriores al periodo en que Cuartas estuvo al frente de la entidad.
Briceño aseguró haber cumplido con la decisión mediante la publicación de un video de aproximadamente cuatro minutos en sus redes sociales. Sin embargo, para la justicia la pieza divulgada no cumplió con las condiciones establecidas para una retractación clara y efectiva.
El congresista había recibido instrucciones para reconocer expresamente la inexactitud de la afirmación y aclarar las circunstancias relacionadas con los eventos mencionados. Posteriormente, Cuartas manifestó que la publicación no constituía un cumplimiento integral de la orden y sostuvo que incluso había terminado revictimizándola.
El caso avanzó hasta el incidente de desacato y terminó con la imposición de un día de arresto, además de una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente. La sanción de arresto deberá cumplirse en las instalaciones destinadas para retenidos del CTI, de acuerdo con la información reportada sobre la decisión judicial.
La decisión vuelve a poner a Briceño en el centro de una controversia judicial por sus pronunciamientos públicos y abre un nuevo capítulo en la disputa que mantiene con funcionarios y sectores vinculados al Gobierno anterior.
Más allá de la confrontación política, el caso deja un mensaje judicial sobre los límites de las declaraciones públicas: cuando una autoridad ordena una rectificación, no basta con publicar un mensaje; la retractación debe cumplir exactamente las condiciones establecidas por el juez.