El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició una profunda reestructuración del Sistema de Medios Públicos, ahora denominado Inravisión, con cambios que apuntan directamente a la estructura informativa que funcionó durante la administración de Gustavo Petro.
La nueva administración considera que el modelo anterior concentró una cantidad excesiva de recursos humanos, técnicos y presupuestales en la producción de contenidos noticiosos y de opinión, además de haber sido cuestionado durante los últimos años por sectores políticos y críticos del Gobierno Petro debido a su presunto sesgo editorial.
La ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, decidieron desmontar la extensa franja informativa que se desarrollaba entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.
Según la nueva administración, esta estructura llegaba a consumir cerca del 90 % de los recursos humanos y técnicos destinados a las actividades periodísticas, una proporción que ahora será revisada dentro del proceso de reorganización.
El cambio no se limitará a la programación. La nueva dirección también puso bajo la lupa la contratación realizada durante 2026.
Más de 1.000 contratos bajo revisión
Uno de los principales focos de la nueva administración estará en los 1.051 contratos suscritos durante 2026, cuyo valor conjunto supera los $100.000 millones.
La revisión adquiere especial relevancia por los movimientos realizados durante los últimos días del Gobierno Petro. De acuerdo con la información entregada por la nueva administración, solamente entre el 6 y el 7 de agosto fueron suscritos 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.
La Procuraduría y la Contraloría acompañarán el proceso de revisión contractual y presupuestal, con el objetivo de determinar si los recursos fueron utilizados de acuerdo con las normas y si las decisiones adoptadas durante el cierre de la anterior administración estuvieron debidamente justificadas.
La discusión por el contenido político
Durante el Gobierno Petro, RTVC también fue objeto de fuertes críticas por parte de sectores de oposición que cuestionaron la línea editorial de algunos de sus contenidos.
Sus detractores llegaron a señalar al sistema público de medios de convertirse en una plataforma cercana al oficialismo y de dar espacio a activistas y opinadores identificados con sectores de izquierda.
Incluso, algunos críticos utilizaron el término “bodega” para referirse a una supuesta estructura de opinión financiada con recursos públicos. Estas afirmaciones, sin embargo, hacen parte del debate político y deberán diferenciarse de las eventuales irregularidades administrativas o contractuales que puedan establecer los organismos de control.
La nueva administración sostiene que el propósito de la transformación es recuperar el carácter público de los medios estatales y alejarlos de cualquier orientación partidista.
Cultura y educación, el nuevo rumbo
Con la reorganización, el Gobierno busca que Inravisión concentre una mayor parte de su programación en cultura, educación, arte, diversidad regional y contenidos de interés público, con una apuesta por recuperar el pluralismo y ampliar la representación de las diferentes regiones del país.
El argumento central de la nueva administración es que los medios financiados con recursos públicos deben responder a los ciudadanos y no convertirse en instrumentos de propaganda de ningún gobierno.
La transformación abre ahora una nueva etapa para el sistema de medios públicos, mientras los organismos de control avanzan en la revisión de los contratos y del manejo presupuestal.
El mensaje político de la administración De La Espriella es claro: la radio y la televisión financiadas por los colombianos no deben convertirse en el megáfono ideológico de ningún gobierno de turno.