La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial por las presuntas irregularidades en la contratación para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional y anunció la judicialización del exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto.
De acuerdo con el ente investigador, el exfuncionario habría participado en la planeación y ejecución de un contrato valorado en 32,4 millones de dólares (aproximadamente 104.000 millones de pesos), que, según la investigación, terminó favoreciendo a Vertol Systems Company pese a que la empresa presuntamente no reunía los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos.
Durante las audiencias de imputación contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts, el fiscal José Ignacio Arias Ciro aseguró que ambos empresarios habrían conformado un «acuerdo criminal» con funcionarios del Ministerio de Defensa para direccionar el proceso contractual.
Según la Fiscalía, los contactos entre los empresarios y los funcionarios públicos comenzaron entre septiembre y octubre de 2024, periodo en el que, presuntamente, se diseñó la estrategia para garantizar que el contrato fuera adjudicado a Vertol Systems Company.
La investigación también coincide con documentos conocidos previamente que señalan que, durante ese mismo periodo, la Misión del Ejército de Estados Unidos suspendió un acuerdo directo con Colombia para el mantenimiento de los helicópteros, luego de que el Ministerio de Defensa optara por adelantar negociaciones con un contratista privado.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, peculado por apropiación, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
Los investigados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales.