Angie Rodríguez, alta funcionaria del Fondo de Adaptación, rompe el silencio y señala a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz de operar un ‘modus operandi’ para presionar cargos y contratos. Mientras Petro insiste en que los empresarios fueron «estafados», la senadora Jennifer Pedraza pide remitir las pruebas a la Fiscalía.
Un testimonio desde la entraña del poder
El remezón político por las presuntas irregularidades en la gestión de contratación estatal cobró este fin de semana una dimensión inédita. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual cabeza del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, rompió el hermetismo institucional y reveló que advirtió internamente —sin éxito— sobre las maniobras de una red de influencia que operaba en varias carteras.
En declaraciones entregadas a Noticias RCN, Rodríguez sostuvo ser la única alta funcionaria que levantó la voz desde las entrañas del Ejecutivo frente al papel de Juliana Guerrero, una figura clave en el escándalo destapado por la revista Semana por presuntos cobros a empresarios a cambio de direccionamiento contractual.
«Fui la única funcionaria pública del Gobierno que lo denunció. Ella pidió mi cabeza al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Sin ser funcionaria, ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora. Yo me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes», aseveró Rodríguez.
El patrón se repite: Los tentáculos en la Aeronáutica Civil
El testimonio de Rodríguez no se detuvo en la figura de Guerrero. La funcionaria amplió el espectro del escándalo al señalar a Gabriela Muñoz, de quien afirmó que habría manejado con absoluta injerencia la Aeronáutica Civil bajo el mismo esquema.
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Modus Operandi: Versiones internas de la Aerocivil señalan que Muñoz, pese a ostentar un cargo de auxiliar 2, ejercía un poder desproporcionado, participando en reuniones de alto nivel y direccionando nombramientos.
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La firma postergada: Rodríguez reveló que solicitó directamente al presidente Gustavo Petro retirar a Juliana Guerrero como delegada ante la Universidad Popular del Cesar debido a su prontuario. «Le dije: ‘Presidente, eso es impresentable’. No sé por qué, pero no me firmó el decreto», cuestionó.
Tensión política y llamados de los organismos de control
La magnitud de las denuncias llevó a Rodríguez a solicitar formalmente la intervención urgente de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría.
El escenario escaló en el plano político con la intervención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, a quien Rodríguez solicitó un encuentro. De La Espriella instruyó públicamente al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director designado de la UNP, Didier Blanco, garantizar la protección inmediata de la denunciante.
Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) exigió que las revelaciones de Semana y los nuevos testimonios se sumen a la audiencia de acusación programada para este 5 de agosto contra Guerrero por fraude procesal y falsedad en documento público.
«Juliana Guerrero aparece en el mapa tras su paso por el Ministerio del Interior con Armando Benedetti y progresivamente pasó al Ministerio de la Igualdad a definir contratos», puntualizó la congresista.
La postura del Presidente: «Fueron estafados»
Pese al cerco de críticas y señalamientos, el presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de Juliana Guerrero y de su hermana Verónica. A través de sus redes oficiales, el Jefe de Estado aseveró que las involucradas no son servidoras públicas y que cualquier empresario que haya entregado dinero buscando favores gubernamentales fue simplemente «estafado».
El mandatario recalcó que dentro de su gabinete no se aceptan presiones de terceros, negó de forma tajante instar o tolerar irregularidades y sugirió que deberían ser las propias hermanas Guerrero quienes denuncien a los empresarios que intentaron corromperlas.