Un dragoneante y un inspector omitieron conteos, dejaron puertas abiertas y permitieron que el peligroso criminal escapara con una cuerda de sábanas. Una jueza los mandó a prisión.
Lo que parecía una fuga de película con sábanas amarradas en la cárcel La Picota resultó ser, presuntamente, un millonario negocio de corrupción institucional. La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tras hallar pruebas de que habrían recibido una millonaria suma para facilitar el escape de un peligroso integrante de la banda transnacional ‘Tren de Aragua’.
El insólito plan de escape se ejecutó el pasado 1 de abril, pero las investigaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción revelaron que la «hazaña» de tejer una cuerda artesanal con sábanas y ropa fue solo una pantalla para encubrir la complicidad interna.
El precio del silencio: $500 millones de pesos
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, el dragoneante y el inspector del INPEC implicados habrían recibido la suma de 500 millones de pesos para coordinar y facilitar la huida del recluso venezolano, quien se encontraba en el pabellón de extraditables requerido por la justicia de Perú por el delito de homicidio agravado.
La investigación detalló el paso a paso de las omisiones clave durante el turno de vigilancia de los procesados:
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Acceso libre: Dejaron abierta la puerta del área de lavandería para facilitar el desplazamiento del recluso.
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Falsos conteos: Omitieron la verificación física y obligatoria del interno en los conteos rutinarios de la noche.
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Silencio absoluto: No activaron la alerta de fuga ni registraron ninguna novedad en la minuta de servicio, lo que permitió al prófugo ganar horas de ventaja. La ausencia solo fue detectada formalmente a la mañana siguiente.