Las réplicas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) rozan ahora el círculo más íntimo del Palacio de Nariño.

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General abrieron una nueva línea de investigación orientada a verificar los sobrecostos y las condiciones de suministro de 40 carrotanques adquiridos por la entidad. El foco del caso radica en que un allegado directo de la primera dama, Verónica Alcocer, figura como socio y directivo de las firmas implicadas en la transacción.

El rastreo documental, revelado inicialmente por EL TIEMPO, expone una triangulación comercial entre el Estado, una corporación mixta y una reconocida concesionaria automotriz del norte del país, bajo un esquema que ya genera fuertes cuestionamientos en los entes de control de la capital de la República.

La triangulación del negocio bajo examen

Los investigadores judiciales buscan establecer si este negocio formaba parte del paquete de contratos amañados y direccionados por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, actualmente privados de la libertad por el saqueo sistemático a los recursos de la prevención de desastres. La ruta del contrato se estructuró de la siguiente manera:

• El comprador estatal: La UNGRD, bajo la administración cuestionada.

• El intermediario: La Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral con Yapurutú.

• El proveedor de los vehículos: La firma Country Motors S.A., compañía en cuya junta directiva y composición accionaria participa un pariente cercano de la primera dama.

Ruta del Dinero y Suministro de los 40 Carrotanques:
[ Presupuesto UNGRD ] ──► Corporación Mixta Yapurutú (Contratista)
                                      ▼
[ Palacio de Nariño ] ◄── Nexus ──► [ Country Motors S.A. ] (Proveedor Real)
  (Pariente de la Primera Dama en la Junta/Acciones)

La defensa de la firma proveedora

Entrega de material probatorio: Ante el llamado de la justicia, los directivos de Country Motors S.A. aseguraron que la venta de los vehículos se rigió bajo parámetros comerciales legales. Voceros de la compañía confirmaron que ya radicaron ante la Fiscalía las bitácoras técnicas, facturas de venta y soportes contables para demostrar la transparencia en la fijación de precios y desmarcarse de las maniobras ilícitas de la cúpula de la UNGRD.

Los organismos de control centran el análisis forense en determinar si existió tráfico de influencias para la selección de este proveedor específico y si los precios de lista cobrados al Estado presentan sobrecostos en comparación con los valores comerciales del mercado automotor. La investigación en Bogotá avanza con carácter prioritario, en medio de una creciente tensión política por las implicaciones que este nuevo capítulo contractual pueda tener para la imagen de la Casa de Nariño.